Representantes de la comunidad Xákmok Kásek del distrito de Teniente Irala Fernández, Chaco Paraguayo, llegaron este martes hasta el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para exigir educación para sus niños. La comunidad, del pueblo Sanapaná, sigue esperando que el Estado paraguayo cumpla una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pendiente desde 2010.
Milciades González, vocero de la comunidad, explicó que realizaron un viaje de casi 400 kilómetros para pedir una reunión con el ministro de Educación, Luis Ramírez, para reclamar la culminación de dos aulas que están en construcción en su comunidad. González explicó que las obras llevan 3 años sin terminar. Estas obras forman parte de las exigencias de una educación de calidad a la que había obligado la sentencia de la Corte-IDH.
Lea más: Corte-IDH verificará cumplimiento de sentencias a favor de indígenas del Chaco
Mientras los trabajos siguen sin ser concluidos, unos 62 niños están dando clases en una “escuela móvil”, pero en condiciones de absoluta incomodidad. “Son totalmente discriminados por ser de una comunidad indígena el Estado no hace nada, hay bastante burocracia”, reclamó.
González explicó que estos chicos pasan de todo: lluvia, vientos fuertes, inundaciones y sequías, mientras esperan que se cumpla con la obligación de ofrecerles una educación gratuita y de calidad. “Es inhumana la forma en la que están nuestros niños y los niños tienen derecho. El Estado está obligado a cumplir su responsabilidad, no solamente con nosotros, sino a nivel nacional”, remarcó.
No todos reciben el almuerzo escolar
Milciades González explicó que a la falta de culminación de las aulas se suma el hecho de que, de los 62 alumnos, solo 42 están inscritos en el Registro Único del Estudiante (RUE), por lo que unos 20 no están recibiendo el almuerzo escolar del programa “Hambre cero”.
Lea más: Justicia falla a favor de la comunidad Sawhoyamaxa
La comunidad cuenta apenas con dos docentes que, además, no reciben la capacitación adecuada. “El docente tiene que ingeniarse, buscar la forma de completar. La supervisión no te garantías de que se vayan a capacitarlos y eso es un déficit”, explicó González.
El vocero de la comunidad señaló que este martes montarán guardia frente al MEC hasta tanto sean recibidos. En tanto, mañana estarán visitando el Ministerio de Salud para plantear también sus reclamos.
USF terminada, pero sin funcionar
Otra de las obligaciones a las que la Corte- IDH había impuesto al Estado paraguayo era la construcción de un puesto de salud. González cuenta que el Ministerio de Salud ya cumplió con la construcción de una Unidad de Salud Familiar, pero la obra sigue inhabilitada.
Lea más: CIDH verifica si el Estado acata sentencia
“La construcción ya se terminó, pero siempre nos dicen que la empresa aún no está entregando al Ministerio de Salud. No sabemos si es cierto o no. Hasta el momento,ningún representante del Ministerio fue a la comunidad a explicar cuál es la situación”, reclamó González.
El vocero de la comunidad explicó que por la distancia a la que se encuentran de las zonas más urbanas del país, cualquier enfermedad puede convertirse en una verdadera tragedia para ellos, ya que todavía no tienen médicos en el lugar.
La condena de la CIDH
Entre el 16 y el 20 de septiembre de 2024, una delegación de la Corte-IDH visitó nuestro país para verificar el cumplimiento por parte del estado de sentencias relacionadas con tres comunidades indígenas: Ykye Axa, Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa, todas del Chaco paraguayo.
Lea más: Nativos de comunidad Xakmók Kásek exigen cumplimiento de sentencia de la CIDH
En lo que respecta a la comunidad Xákmok Kásek, en 2010, la Corte- IDH declaró al Paraguay responsable de la violación de sus DD. HH. y fijó un plazo de 3 años, prorrogable por un año más, para la restitución de 10.700 hectáreas reclamadas por ellos. No fue hasta 2016 que se les devolvieron tierras, pero solo por una extensión de 7.701 hectáreas, quedando pendientes otras 2.999 hectáreas.
En la revisión de septiembre de 2024 a la comunidad se verificaron las condiciones en la que se encontraban las obras de construcción de la USF y de las condiciones en las que los niños estaban accediendo a la educación, además de otras falencias, como el acceso al agua potable.
En 2017, el entonces juez ecuatoriano Patricio Pazmiño, integrante de la Corte- IDH había visitado esas tres comunidades para hacer el seguimiento de las sentencias a favor de las mismas.