El concejal, miembro de la Comisión de Legislación, Hacienda y Presupuesto, fundamentó su rechazo en el “reiterado incumplimiento de la normativa vigente y la flagrante obstrucción a la labor de control de esta Junta Municipal”, lo que, según su dictamen, compromete gravemente la legalidad de la administración de Penayo.
Entre algunas irregularidades señaladas, destaca el uso abusivo de contrataciones por excepción en obras realizadas en la Playa Punta Arena, la supuesta sobrefacturación de bienes sin cláusulas de garantía y la contratación de deuda pública por G. 1.000 millones sin informes de ejecución claros. Incluso, se denuncia que concejales, críticos a su administración, siguen sin percibir sus dietas, lo que según el documento, podría tratarse de una posible represalia política.
Asimismo, el concejal cuestiona el manejo arbitrario de ayudas sociales, la falta de control en el uso de combustible municipal, la desviación de fondos destinados a comisiones productoras y la posible colusión entre funcionarios y empresas privadas en obras públicas.
El dictamen también denuncia que la Intendencia ha bloqueado sistemáticamente los mecanismos de control, impidiendo el acceso a documentos clave, retrasando depósitos bancarios y negando la entrega de extractos y copias. Además, se resalta que el Ejecutivo incumple la entrega de informes cuatrimestrales a la Junta, como establece la Ley Orgánica Municipal, y remite documentos directamente a la Contraloría de forma incompleta y con inconsistencias, entre otras observaciones.
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Ante este escenario, el concejal solicita que la Contraloría General de la República (CGR) o un organismo independiente realice una auditoría completa para identificar a los responsables y proponer medidas correctivas. “La administración municipal no puede continuar sin rendir cuentas claras sobre el uso de los recursos públicos”, concluye Pedrozo.
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La postura del intendente
Por su parte, el intendente municipal Gustavo Penayo Arce manifestó que no es la primera vez que el concejal Pedrozo lo denuncia de manera injustificada y que no le sorprende que ahora solicite la intervención de la CGR. Señaló que desde el inicio de su gestión ya ha sido objeto de auditorías y denuncias que no prosperaron por falta de fundamentos.
“Puede volver a pedir la intervención de la Contraloría”. Calificó al concejal Pedrozo de “imparable”, y lo tildó de “contrera del progreso” y “envidioso político”.
Agregó que Pedrozo aspira a la intendencia y lo ve como un adversario directo. Aunque dijo que aún es incipiente hablar de su reelección.
En cuanto al uso de vías de excepción, explicó que estas se aplicaron para obras de mejoras urgentes en la playa Punta Arena, ya que la pasarela de acceso estaba a punto de derrumbarse y aprovechando la intervención se realizaron otras mejoras en el lugar.
El jefe comunal afirmó también que siempre puso a disposición la documentación y que para el estudio de la ejecución del último cuatrimestre todos los concejales revisaron los documentos durante varios días, sin que los demás —incluso opositores— encontraran observaciones relevantes.
Penayo indicó que por ese motivo decidió enviar al escribano Alfredo Argüello a la Junta Municipal.
El notario consultó formalmente a Pedrozo si se ratificaba o rectificaba respecto al contenido de su dictamen, pero el concejal se negó a responder. “Ahora no me queda otra que iniciar una denuncia penal y le voy a querellar”, advirtió.
Finalmente, defendió el uso de fondos para ayuda social, asegurando que nunca hubo desvíos ni manejos irregulares. “Siempre voy a ayudar a las personas carenciadas y a los funcionarios que lo necesiten”, concluyó.