La junta municipal de la localidad de Itá, departamento Central, denunció la existencia de una supuesta caja paralela en la municipalidad, administrada por el intendente, Jorge Luis Dimartino (PLRA), y destaca la utilización de facturas clonadas, para supuestamente desviar los ingresos.
Los ediles hablan de dos casos específicos que dieron pie a una investigación: uno guarda relación con el pago del impuesto a la construcción, y otro sobre arrendamiento de terreno municipal; estos aportes no ingresaron a las arcas de la municipalidad.
“Desde noviembre del año pasado venimos investigando la posible existencia de una caja paralela o desvío de ingresos en la municipalidad, y hemos detectado facturas falsificadas, y ya la junta presentó una denuncia penal ante la fiscalía local”, explicó el edil liberal, Fidel León, que también es presidente la comisión de obras.
Dijo que una contribuyente pagó cerca de tres millones de guaraníes en concepto de impuesto a la construcción, y se habría usado factura falsificada, debido a que el mencionado importe no se registra en las arcas de la comuna.
“Existen muchas cosas raras, e incluso está de por medio un compañero concejal, Marcelo Caballero (ANR-HC), quien habría intermediado para el cobro de un impuesto a la construcción, pero el dinero nunca ingresó a las arcas de la municipalidad”, expresó León.
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Dijo que el referido edil habría contactado con la contribuyente para llegar a la municipalidad para el pago correspondiente sin que se cumplan con todos los requisitos exigidos.
El otro caso guarda relación con un arrendamiento de un terreno municipal, en donde se habrían utilizado facturas impresas en 2022, pero, sin embargo, en las mismas figuran pagos supuestamente realizados en 2020 y 2021, refiere la denuncia.
“Detectamos facturas de la municipalidad que fueron confeccionadas en el año 2022, pero, sin embargo, en las mismas figuran supuestos pagos realizados en años anteriores, como 2020 y 2021, o sea, antes de que fueran impresas, ya fueron utilizadas”, expresó el edil.
Sumario a funcionarios
Por su parte, el intendente municipal, Jorge Luis Dimartino (PLRA), reconoció que el importe pagado por una contribuyente en concepto de impuesto a la construcción no ingresó a las arcas, y que eso no implica que se trate de una caja paralela.
“La denuncia hecha ante la fiscalía habla de un caso específico sobre pago realizado por impuesto a la construcción y que no ingresó a las arcas de la municipalidad e incluso nosotros hicimos la denuncia correspondiente ante el ministerio público, antes que la junta la hiciera, y no podemos hablar de caja paralela, eso sería muy grave y me puede afectar”, expresó el titular comunal.
Agregó que con el sistema que se utiliza en la municipalidad es imposible utilizar una caja paralela, pero no descartó que algún funcionario esté involucrado en la falsificación de documentos, y que la fiscalía se encargará de aclarar.
Dimartino, expresó que la factura entregada a la contribuyente no fue expedida dentro de la municipalidad y que sería falsa, por lo que varios funcionarios se encuentran bajo sumario para deslindar responsabilidades.
El jefe comunal aclaró que el pago realizado por la contribuyente no figura en el sistema informático, pese a que el pago se realizó en ventanilla de la caja municipal y aumenta la sospecha de implicancia de funcionarios.
Tres funcionarios de las áreas de medio ambiente y comisiones vecinales se encuentran sumariados y fueron comisadas computadoras para un peritaje, porque no se descarta que en estas direcciones se hayan impresos las facturas apócrifas.
Investigación fiscal
A su turno, el fiscal de la causa, Eduardo Román, reconoció que existen las denuncias de la municipalidad y agregó que la causa es a determinar, y que están solicitando todos los documentos que guardan relación con el caso investigado.
“Hasta el momento es una causa a determinar y, una vez que tengamos noticias más concretas, vamos a calificar conforme a lo que corresponde. Ahora estamos en plena verificación y ya los contribuyentes prestaron declaración”, expresó el agente fiscal.
Reconoció que recibieron denuncias de parte de los ediles y de la intendencia. Además, ya fueron notificados los concejales y la gente de la intendencia para ampliar la denuncia y así contar con todos los antecedentes.
También aclaró que, pese a que la denuncia es contra personas innominadas, existen funcionarios de la administración municipal que están en la mira, y que fueron solicitados todos los legajos y funciones de los trabajadores.
Abogado de concejal niega implicancia
El abogado defensor del concejal colorado, Marcelo Caballero, César Campuzano, negó que su defendido tenga participación en el cobro del impuesto que no ingresó a la caja municipal, y que el contacto que mantuvo con la contribuyente fue en carácter de integrante de la comisión de obras.
“El concejal es parte de la comisión de obras de la junta y que la función es verificar y aprobar los planos y no actuar de gestor, y es más, fue la propia contribuyente la que llamó a mi cliente para preguntar sobre el avance del expediente y no intervino en ningún pago, que es competencia de los funcionarios de la municipalidad”, explicó el abogado.
Agregó que una sola comunicación tuvo con la contribuyente, que fue en noviembre del año pasado y el pago se realizó en febrero último. El profesional indicó que todo se trata de una persecución política.
Edil procesado por supuesta estafa y producción de documentos de contenido falso
El cuestionado concejal, Marcelo Caballero, cuenta con un proceso abierto en la fiscalía local y ya fue acusado por el fiscal Eduardo Román, por el supuesto hecho punible de estafa y producción de documento público de contenido falso.
El concejal fue involucrado en un caso de arrendamiento para la instalación de un parque de diversiones, para las fiestas patronales, y para el efecto se utilizó una resolución falsa de la intendencia.
El edil fue querellado por el empresario brasileño Deusmar Pedrozo, representante de la firma City Parke, y para junio está prevista la audiencia preliminar para determinar si la causa se eleva a juicio oral y público.
El legislador comunal fue acusado por el ministerio público y cuenta con medidas alternativas a la prisión.
El intendente municipal aclaró que la resolución utilizada para otorgar un lugar a la mencionada empresa fue falsificada. “Se utilizó una resolución falsa, es decir, falsificaron mi firma para otorgar un lugar a un parque de diversiones y ahora la fiscalía debe de aclarar esta situación”, explicó Dimartino.
El fiscal de la causa, Eduardo Román, indicó que la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral y público ya se suspendió en varias ocasiones, debido a incidentes de las partes.
Sin embargo, el abogado defensor del edil, César Campuzano, negó que su cliente esté involucrado en este hecho, y dijo que el brasileño utilizó gestores externos para realizar los trámites, y que nunca se acercó a la municipalidad y mucho menos al legislador.
“Queremos que se eleve a juicio oral el caso para poder debatir bien el tema, porque existen muchas cosas raras y el concejal no tuvo ninguna participación en este tema y sabemos de donde viene todo esto”, expresó el profesional.
El profesional resaltó que el concejal nunca tuvo contacto con el empresario, y que tampoco firmó documento alguno, y que no existe ningún elemento para sostener la acusación de parte de la fiscalía.
El empresario brasileño, habría pagado la importante suma de G. 140 millones para que se le asigne un predio durante las fiestas patronales de la localidad de Itá. Ahora el ministerio público debe de aclarar quién recibió dicho dinero.