El Tribunal de Sentencia Colegiado Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por sus colegas Dina Marchuk y David Federico Martínez, convocó para hoy lunes, a las 12:30, a las defensas de los siete acusados y a la Fiscalía, representada por la agente Ingrid Cubilla, en el marco del juicio oral y público por el caso de la estancia El Tigre.
En la jornada, dos defensas más estarán exponiendo sus respectivos alegatos finales, dentro de la fase final del juicio oral.
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En caso de que haya puntos que contestar, el Ministerio Público podrá hacer uso de su derecho a réplica y, consecuentemente, si alguna de las defensas también quiere señalar algún punto específico, podrá hacer valer su derecho a dúplica. Estos actos, según disponga el Colegiado, podrán culminar también hoy y dar paso a que los jueces pasen a deliberar para dictar sentencia.
La fiscala antidrogas Ingrid Cubilla había solicitado penas de 25 años de cárcel para Waldemiro Ymas González y Édgar Cantero Martínez, 22 años para Teresio López Morel, 12 años para Porfirio Osorio y Albino Núñez, 10 años para Pablo Robles y 5 años, para Porfirio Chávez.
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Utilizaron estancia para el tráfico de drogas
Según expuso en sus alegatos finales la fiscala Cubilla, en la causa quedó demostrado que la organización criminal, encabezada por Waldemiro Ymas, eligió y operó desde El Tigre “como centro de operaciones para la recepción de sustancias estupefacientes, así como para el acopio y posterior remisión o distribución a otros puntos del país”.
Los acusados aprovecharon que el lugar en el que está ubicado el establecimiento es Agua Dulce, en el departamento de Alto Paraguay, zona limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido señaló: “donde otros vieron monte, ellos vieron una ruta: la ruta de la droga”.
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Resaltó además que durante el juicio quedó expuesta la existencia de dos pistas, no autorizadas, a través de la reproducción de videos, en los que además se constató que las mismas eran aptas para su uso, tanto para el arribo como despegue de aeronaves.
Además, “la frecuencia de las aeronaves que llegaban al establecimiento era de tal magnitud que ‘era una suerte de aeropuerto’, un aeropuerto para el tráfico”, refirió en otro momento.
Acusado llegó a administrar casi 8.000 hectáreas
De acuerdo con lo que el Ministerio Público señaló durante el juicio, la estancia “El Tigre” fue adjudicada primeramente por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en venta a Benito Giménez, quien posteriormente otorgó poder general para la administración a Waldemiro Ymas, el 30 de setiembre de 2019.
En ese entonces, Ymas -hermano del exfiscal Blas Imas- era ya administrador de la estancia El Tigre y, con este cargo, siempre según lo expuesto por la Fiscalía, proveyó a la organización el establecimiento en cuestión, situado al límite con Bolivia, y que contaba con dos pistas clandestinas.
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Ymas, además, como administrador, era quien autorizaba cualquier ingreso y también debía ser informado permanentemente por los demás miembros. A cambio de todo esto y, dada la posición decisiva que ocupaba, recibía remuneración económica por el uso de las pistas no autorizadas para el descenso de aeronaves que descargaban sustancias estupefacientes.
Según los elementos documentales recolectados por la Fiscalía en la etapa preparatoria y reproducidos en juicio, Waldimiro Ymas no solo arrendaba el lote 68 sino también el lote 65, ambos de 3.999 hectáreas, es decir, que para el 8 de mayo de 2020, Ymas ya tenía tenía control sobre 7.998 hectáreas en la zona.
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Familia y ganado, para operar en El Tigre
Con relación a los demás acusados como presuntos miembros de este esquema narcotraficante, se tiene que Porfirio Osorio Villagra, suegro de Waldemiro Ymas, era quien quedaba a cargo del establecimiento en ausencia de su yerno. De hecho, el mismo fue quien recibió a la comitiva fiscal el 24 de febrero de 2021, cuando se realizó la intervención.
El otro acusado, Édgar Cantero Martínez, por su parte, es considerado como operador logístico de alta relevancia para el grupo, pues era quien coordinaba los horarios de aterrizaje de los aviones que traían la sustancia y los vuelos con los pilotos bolivianos.
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Sobre Pablo Robles, Albino Núñez Peralta y Porfirio Chávez, la fiscala Ingrid Cubilla resaltó que eran empleados del lugar y fueron detenidos en flagrancia en plena tarea de acopio y custodia de una carga recién llegada y que, en el operativo fue incautada. Los dos primeros solían ocultar las cargas en zonas boscosas.
Sobre el acusado Porfirio Chávez, los datos recabados señalan que estaba relacionado al otro procesado, Teresio López, quien tenía un establecimiento rural en el distrito de San Alfredo, Concepción, donde trabajaba Chávez. Además, Teresio aparece ligado a El Tigre como arrendatario de un lote para animal vacuno, esto para disimular la verdadera actividad, que era el tráfico de sustancias, siempre de acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía.
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Intervención e incautación de cocaína
Las técnicas especiales de investigación, especialmente interceptación de llamadas telefónicas de los teléfonos de los acusados, permitieron que a las 12:30 del 24 de febrero de 2021, sea allanada por orden de la jueza penal de garantías Rosarito Montanía, y ejecución por parte del fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico de Boquerón y Alto Paraguay, la estancia El Tigre, de Agua Dulce, en el Chaco.
El operativo contó con el acompañado de policías de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles conexos (SIU), así también del Departamento de Antinarcóticos de la Policía.
En el establecimiento rural se hallaron en total 1.375,4 kilogramos de cocaína, los cuales estaban distribuidos en 30 bolsas de plastilleras de color verde. Esta carga estaba acopiada a unos 1.000 metros de la cabecera norte de una pista, cuya extensión era de 1.200 metros y 40 metros de ancho. Así como otras 12 bolsas de plastilleras de color azul, en una picada interna.
Igualmente, en dicha pista pista clandestina se incautó la aeronave boliviana Beechcraft Baron con matrícula CP-3141, siniestrada a causa del alto matorral en el lugar. También se encontraron 34 tambores de color azul, con etiquetas de acetato de etilo, precursor usado para el procesamiento de cocaína, armas de fuego cortas y largas, y celulares dentro de una vivienda de material cocido.