Familiares y víctimas del asalto ocurrido a comienzos de este año en la ciudad de Alberdi se manifestaron este lunes frente al Palacio de Justicia de Pilar, expresando su repudio a la resolución del Tribunal de Apelación que concedió arresto domiciliario al policía en actividad Richard Cáceres Ojeda, imputado como presunto líder del grupo que ejecutó el hecho.
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Desde tempranas horas, un grupo de personas provenientes de Alberdi se congregó frente al edificio judicial para exigir justicia. Visiblemente indignados, cuestionaron duramente a los miembros del Tribunal de Apelación que revocaron la prisión preventiva y otorgaron la medida alternativa a Cáceres Ojeda.
Bruno Vargas, principal afectado, relató que el primer asalto ocurrió en su casa de cambios, donde fue despojado de más de 300 millones de guaraníes, además de dolares, euros, reales, pesos argentinos y cheques. Diez días después, se produjo un segundo asalto en la vivienda de su padre, Juan Ernesto Vargas (81), quien resultó gravemente herido.
“El golpe que recibí esa noche me dejó con problemas en la columna vertebral. Uno de los asaltantes me tiró al suelo, me golpeó la cabeza y ya me operaron dos veces de la vista”, relató Juan Ernesto Vargas, quien también participó de la manifestación.
Diego Vargas aseguró que no dejarán impune el hecho ni la resolución judicial que favoreció al imputado. “Estoy hablando con mi abogado para denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los tres miembros del tribunal por mal desempeño en sus funciones”, afirmó.
Los hechos
El 17 de enero pasado, una banda fuertemente armada perpetró un millonario asalto en una casa de cambios en Alberdi, propiedad de Bruno Vargas (54). Los delincuentes se alzaron con 300 millones de guaraníes, USD 17.000, 1.200 euros, 700 reales, 25 millones de pesos argentinos y numerosos cheques.
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El 27 de enero, un segundo asalto ocurrió en la casa del padre de Bruno Vargas, donde los delincuentes golpearon brutalmente al octogenario y a su otro hijo, Diego Vargas. Los atacantes huyeron, incendiaron una camioneta Toyota Fortuner para borrar supuestamente rastros, pero fueron detenidos poco después en un control policial en Villa Oliva.
Entre los aprehendidos se encontraba el policía en actividad Richard Cáceres Ojeda, sindicado como cabecilla del grupo, junto con sus presuntos cómplices Rolando Javier Villalba Florenciañez y Kevin Andrés Molinas Caballero.
La resolución judicial
La jueza penal de garantías de Alberdi, Marta Paola Vera había dictado prisión preventiva para los tres imputados, basándose en las pruebas presentadas por el fiscal Diego Benítez. No obstante, el Tribunal de Apelación, conformado por los magistrados Juan Manuel Stete, Waldemar Ortíz y Adelaida Servián, revocó la medida tras un recurso de apelación presentado por la defensa técnica del policía.
Según Juan Manuel Stete, el tribunal se basó en los artículos 242, 243 y 244 del Código Procesal Penal, argumentando que el Ministerio Público no fundamentó suficientemente la necesidad de la prisión preventiva.
“Resolvimos que correspondía el arresto domiciliario debido a la poca fundamentación del fiscal”, explicó Stete.
Adelaida Servián, miembro del Tribunal de Apelación agregó que la fundamentación del Ministerio Público fue “muy genérica” y no demostró de forma concreta los elementos que vinculan al imputado con los hechos. “No nos dijeron, por ejemplo, que ya hay resultado del ADN realizada al arma del policía”, expresó.
Waldemar Ortíz, por su parte, defendió la decisión señalando que no se reunieron todos los requisitos que la ley exige para dictar una prisión preventiva, una medida que consideró de última ratio. “De lo contrario, estaríamos colisionando con el principio de presunción de inocencia”, indicó.
Actualmente, el policía Richard Caceres Ojeda se encuentra en arresto domiciliario con vigilancia permanente, según la resolución del tribunal.
Por su parte el fiscal de la causa, Diego Benítez, aclaró que la prueba de ADN se hizo como anticipo jurisdiccional de prueba y con control judicial y cuyo resultado de sangre en el arma del policía coincide con la sangre del Sr, Juan Ernesto Vargas.
“Al ser con control judicial queda en el expediente judicial, se hizo también reconocimiento de persona bajo la prueba anticipada y eso consta en el expediente judicial, fácilmente revisando el expediente judicial ellos iban a tener el acceso a todo eso”, señaló fiscal asignado en Alberdi.