Mediante la circular N.º 7 con fecha de hoy, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, insta a los funcionarios del Ministerio Público a que deben “observar las reglas del debido proceso instalado en la Constitución Nacional y en el sistema de ritual penal”.
El documento cita unos incisos y el primero es: “Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”.
El segundo sobre el “carácter de las actuaciones” sostiene: “la etapa preparatoria no será pública para los terceros...”.
El tercero detalla que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimientos de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”.
El cuarto menciona que “el incumplimiento de esta obligación será considerada falta grave” y el último precisa a los “fiscales adjuntos” como “autoridad de control”.
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Debate por acceso a la información
Luego del conocimiento público de este documento, rápidamente se generó un debate entre periodistas por el acceso a la información por parte de los medios de comunicación, ya que se entrevista a los fiscales para obtener más datos sobre diversos casos, aunque con lo dispuesto por Rolón, se entiende que los agentes ya no podrán conversar con la prensa, algo que ya fue intentado previamente mediante un “vocero oficial”.
Luego de esta situación, desde el departamento de comunicación de la Fiscalía mencionaron que este documento es como un “recordatorio” al no tratarse de una resolución y supuestamente los investigadores continuarían conversando con los medios.
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