El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia programó para el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de junio la audiencia preliminar para el exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres; su esposa Ruth Da Silva, la secretaria de esta, Camila Ramírez Gómez, y Elvira Gómez de Ramírez.
La acusación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta y Luis Piñánez, en la noche del 13 de mayo último, en contra de Wilfrido Cáceres es por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; y contra su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón, es por la supuesta comisión de lavado de activos.
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Por este último hecho punible fueron acusados también la secretaria de Ruth Da Silva y estudiante de la carrera de odontología, Camila Monserrat Ramírez Gómez, y la madre de esta última, Elvira vda. de Ramírez Gómez, quienes según los datos de la investigación habrían actuado como testaferros del exdirector financiero del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.
El requerimiento conclusivo del Ministerio Público resalta que el exjefe de Gabinete del intendente de Asunción y su esposa no pueden justificar un incremento patrimonial de G. 7.764.350.575, que habría sido obtenido de forma ilícita por Wilfrido Cáceres en el municipio capitalino.
Wilfrido Cáceres no puede justificar G. 7.700 millones
La investigación fiscal, que abarcó el periodo comprendido entre los años 2013 y 2023, se inició en el año 2020, tras denuncias suscitadas por el presunto desvío de recursos municipales destinados a paliar el contagio masivo de covid-19 mediante compras de productos de limpieza, que quedó conocido como “detergentes de oro”.
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La “bonanza” se inició en el 2017 y se extendió hasta el 2023, con el detalle que a partir del 2020 se verificaron la compra de inmuebles en San Lorenzo y Ñemby y las edificaciones en ambos. A la par, el matrimonio empezó a pagar por tres terrenos en Piribebuy, que no ha sido declarado.
El requerimiento fiscal presentado por los agentes Silvio Corbeta y Luis Piñánez señala que en el periodo investigado se determinó que el matrimonio adquirió numerosos bienes muebles (vehículos) e inmuebles (terrenos, edificó mansiones) y adquirió equipamientos mobiliarios.
La hipótesis fiscal agrega que dichos bienes fueron ocultados del patrimonio conyugal, a los efectos de evitar su detección y su comiso, a sabiendas de que en su calidad de funcionario público estaba sometido a una investigación patrimonial por parte de la Contraloría General de la República.
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Falta de correspondencia en el patrimonio
Luego de presentar la acusación, el fiscal Silvio Corbeta explicó a ABC que hay un “desfasaje” entre los ingresos de la pareja y sus testaferros con los ingresos que los mismos percibían. Agregó que estos no pueden justificar estas irregularidades de correspondencia.
El agente del Ministerio Público precisó que, en total, el "desfasaje" es de G. 6.400 millones en cuanto a activos bienes y G. 1.100 millones respecto a movimientos comerciales habituales, conforme constataron mediante análisis financieros.
“En operaciones normales -ya sea de operaciones de crédito, tarjetas, etc.- se constató que ellos gastaron más de lo que efectivamente tuvieron como ingreso, en un valor de G. 1.100 millones. Aparte, tenemos los activos que tampoco tienen forma de justificar que es por valor de G. 6.400 millones”, resaltó Corbeta.
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A la par de la causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el cual ha sido acusado Wilfrido Cáceres, está procesado por supuesta lesión de confianza, por la compra de los “detergentes de oro”. En esta causa, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), encabeza la nómina de 21 procesados.