Poco después de las 14:30, de este miércoles, se dio continuidad al juicio del caso conocido como estancia “El Tigre”, correspondiente a la causa caratulada “Porfirio Osorio Villagra y Otros s/ Ley 1881/2002 Que modifica la Ley 1340/88”, en la que siete personas fueron acusadas.
En la jornada, el Ministerio Público, representado por la fiscala Ingrid Cubilla, presentó su réplica a ciertos puntos relacionados y expuestos por las distintas defensas en sus respectivos alegatos finales. Al respecto, los abogados defensores hicieron lo propio, con la presentación de dúplicas. Luego de esto los magistrados se retiraron a deliberar.
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Después de haber deliberado por varias horas, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y David Federico Martínez, dio a conocer su sentencia condenatoria a siete criminales dedicados al narcotráfico.
En ese sentido, el principal acusado, Waldemiro Ymas González, hermano del exfiscal y exjuez Blas Imas, recibió una pena de 18 años de cárcel; otro procesado, Édgar Cantero Martínez, recibió 16 años de prisión; mientras que Teresio López, recibió 14 años de privación de libertad.
Igualmente, fueron condenados, a 10 años de prisión, Porfirio Osorio y Albino Núñez; Pablo Robles, también a 10 años de cárcel. Por otro lado, Porfirio Chávez, fue absuelto.
Además, el Colegiado dispuso el comiso de varios bienes que habían sido incautados de los ahora sentenciados.
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Intervención e incautación de cocaína
Los antecedentes del caso señalan que mediante técnicas especiales de investigación, específicamente interceptación de llamadas telefónicas de los teléfonos de los acusados, permitieron que a las 12:30 del 24 de febrero de 2021, sea allanada por orden de la jueza penal de garantías Rosarito Montania, y ejecución por parte del fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico de Boquerón y Alto Paraguay, la estancia “El Tigre”, de Agua Dulce, en el Chaco.
El operativo contó con el acompañado de policías de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles conexos (SIU), así también del Departamento de Antinarcóticos de la Policía.
En el establecimiento rural se hallaron en total 1.375,4 kilogramos de cocaína, los cuales estaban distribuidos en 30 bolsas de plastilleras de color verde. Esta carga estaba acopiada a unos 1.000 metros de la cabecera norte de una pista, cuya extensión era de 1.200 metros y 40 metros de ancho. Así como otras 12 bolsas de plastilleras de color azul, en una picada interna.
Igualmente, en dicha pista clandestina se incautó la aeronave boliviana Beechcraft Baron con matrícula CP-3141, siniestrada a causa del alto matorral en el lugar.
También se encontraron 34 tambores de color azul, con etiquetas de acetato de etilo, precursor usado para el procesamiento de cocaína, armas de fuego cortas y largas, y celulares dentro de una vivienda de material cocido.
Condenado administró unas 8.000 hectáreas
Según consideró probado el Ministerio Público durante la presentación de sus alegatos en juicio, la estancia “El Tigre” fue adjudicada primeramente por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en venta a Benito Giménez, quien posteriormente otorgó poder general para la administración a Waldemiro Ymas, el 30 de setiembre de 2019. Sin embargo, el que supuestamente ostentaba la posesión era Jarvis Chimenes Pavão.
En ese entonces, Ymas que ya era administrador de la estancia “El Tigre” y, con este cargo, siempre según lo expuesto por la Fiscalía, proveyó a la organización el establecimiento en cuestión, situado al límite con Bolivia, y que contaba con dos pistas clandestinas.
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Como administrador, Ymas era quien autorizaba cualquier ingreso y también debía ser informado permanentemente por los demás miembros. A cambio de todo esto y, dada la posición decisiva que ocupaba, recibía remuneración económica por el uso de las pistas no autorizadas para el descenso de aeronaves que descargaban sustancias estupefacientes.
Según lo elementos documentales recolectados por la Fiscalía en la etapa preparatoria y reproducidos en juicio, Waldimiro Ymas no solo arrendaba el lote 68 sino también del lote 65, ambos de 3.999 hectáreas, es decir, que para el 8 de mayo de 2020, Ymas ya tenía tenía control sobre 7.998 hectáreas en la zona.
Familia y ganado, de fachada para operar en “El Tigre”
En relación con los demás acusados como presuntos miembros de este esquema narcotraficante, se tiene que Porfirio Osorio Villagra, suegro de Waldemiro Ymas, era quien quedaba a cargo del establecimiento en ausencia de su yerno. De hecho, el mismo fue quien recibió a la comitiva fiscal el 24 de febrero de 2021, cuando se realizó la intervención.
El otro acusado, Édgar Cantero Martínez, por su parte es considerado como operador logístico de alta relevancia para el grupo, pues era quien coordinaba los horarios de aterrizaje de los aviones que traían la sustancia y los vuelos con los pilotos bolivianos.
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Sobre Pablo Robles, Albino Núñez Peralta y Porfirio Chávez, la fiscala Ingrid Cubilla resaltó que eran empleados del lugar y fueron detenidos en flagrancia en plena tarea de acopio y custodia de una carga recién llegada y que, en el operativo fue incautada. Los dos primeros solían ocultar las cargas en zonas boscosas.
Sobre el acusado Porfirio Chávez, los datos recabados señalan que estaba relacionado a otro procesado, Teresio López, quien tenía un establecimiento rural en el distrito de San Alfredo, Concepción, donde trabajaba Chávez. Además, Teresio aparece ligado a “El Tigre” como arrendatario de un lote para animal vacuno, esto para disimular la verdadera actividad, que era el tráfico de sustancias.
“Donde otros vieron monte, ellos vieron una ruta: la ruta de la droga”, dice MP
En otro momento de la presentación de sus alegatos finales, la fiscala Ingrid Cubilla subrayó que “en la causa quedó demostrado que la organización criminal eligió y operó desde la estancia ‘El Tigre’ como centro de operaciones para la recepción de sustancias estupefacientes, así como para el acopio, y posterior remisión o distribución a otros puntos del país”.
Luego describió que el lugar en el que está ubicado el establecimiento es Agua Dulce, en el departamento de Alto Paraguay, zona limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido señaló: “donde otros vieron monte, ellos vieron una ruta: la ruta de la droga”.
Posteriormente, manifestó que la estancia fue utilizada como un punto intermedio para el tráfico de estupefacientes, pues en ocasiones anteriores al procedimiento, a través del registro de imágenes, además de las declaraciones de los intervinientes, se constató que se trata de una zona despoblada, con presencia de grandes arbustos que facilitan la actividad clandestina.
A todo lo señalado, se sumó la falta de control por parte de autoridades en la zona. Condiciones codiciadas por cualquier organización criminal.
Pistas tenían alto tráfico de aeronaves
Igualmente, durante las jornadas de juicio quedó expuesta la existencia de dos pistas, no autorizadas, a través de la reproducción de videos, en los que además se constató que las mismas eran aptas para su uso, tanto para el arribo y despegue de aeronaves, según señaló la fiscal.
Solo una de las pistas del establecimiento estaba a 10 kilómetros del casco principal y constaba de 1.200 metros de largo por 40 metros de ancho. En esta se encontró una aeronave Beechcraft Baron bimotor con matrícula boliviana CP3141. Sobre esta nave, la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC) informó el 13 y 14 de abril de 2021 que en esta zona del país “no existe registrada ninguna pista de aterrizaje habilitada por la DINAC”.
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En cuanto a la aeronave hallada, el 20 de abril de 2021 la Dinac informó a la Fiscalía que “no se ha expedido el permiso más arriba mencionado a la aeronave Tipo: Baron-Bimotor, matrícula CP-3141 [...] No puede expedir plan de vuelo”.
Mediante cooperación internacional, el Ministerio Público pudo contar con el dato de que el avión con matrícula CP3141 voló por última vez el 17 de febrero de 2021, despegando a las 18:39 y arribó a la pista de “El Tigre” a las 20:27”. Esto se pudo corroborar mediante una llamada interceptada entre Édgar Cantero y Osvaldo Pereira, este último ya capturado y procesado.
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En relación con las pistas con la que contaba la estancia, un analista de la Policía Nacional detalló en juicio que, “la frecuencia de la aeronaves que llegaban al establecimiento era de tal magnitud que, ‘era una suerte de aeropuerto’, un aeropuerto para el tráfico”.
Así también, “esa frecuencia así como la utilización no solo se desprende de la reproducción de audios sino de los caminos que llegaban a estas pistas, ‘caminos formados por pisadas humanas’, esas huellas que no eran senderos del azar sino huellas del delito, las mismas huellas que guiaron a la casa precaria localizada así como a los tambores que contenían acetato de etilo”.