La jueza en lo Civil y Comercial de Asunción Karen González Orrego presentó en sus redes sociales su candidatura como miembro del Consejo de la Magistratura para el periodo 2025-2028, en representación del estamento docente de las universidades públicas.
Sin embargo, su postulación es totalmente incompatible con la Constitución Nacional.
El artículo 254 de la Constitución establece claramente que “los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial”.
El hecho cobra mayor relevancia atendiendo que Karen González Orrego es esposa de Jorge Bogarín Alfonso, designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos, quien a su vez también se encuentra actualmente en campaña para ser electo como representante no docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
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Este tipo de prácticas lo único que hace es debilitar la institucionalidad y la independencia de los órganos responsables de la selección y designación de autoridades judiciales.