En la audiencia de imposición de medidas realizada ayer a la llegada de Gianina García Troche a nuestro país, la jueza penal de Garantías especializada en Crimen Organizado analizó la existencia de los eventuales peligros de fuga y de obstrucción a la investigación del caso A Ultranza.
Tras considerar que ambos peligros están latentes, la jueza decretó la prisión de la pareja de Sebastián Marset en la prisión militar de Viñas Cue.
Respecto al peligro de fuga, la jueza Montanía destacó que la uruguaya -que fue detenida el 17 de julio en el aeropuerto de Barajas, España, cuando se encontraba en tránsito- estuvo prófuga desde febrero del año 2022.
Asimismo, la magistrada destacó que a la fecha aún se encuentran prófugos de la justicia varios miembros de la estructura prófugos, entre ellos su pareja Sebastián Marset, por lo que se puede presumir incluso, que cuentan con protección para evitar ser sometidos a la justicia.
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Para jueza, peligro de fuga de Gianina García está latente
“(...) no podemos dejar de considerar la alta expectativa de pena que podría imponérsele en caso de condena, cuya pena máxima es de hasta 15 años, por lo que esta situación hace además, que la probabilidad de fuga sea mayor”, precisó la jueza Montanía.
“No debemos olvidar que estas actividades delictivas, son cometidas por estructuras organizadas, que tienden a generar estrategias y métodos para favorecer la fuga de sus pares y contribuir en la obstaculización probatoria, permitiendo a sus miembros más emblemáticos servirse de contactos con el exterior, influencias con el poder político o económico, que les permita sustraerse de la acción de la justicia con mayor facilidad, pues supone un mayor peligro de fuga o de perturbación probatoria, dado los medios facilitadores que dichas estructuras criminales le proporcionan de forma permanente”, agregó la magistrada.
Con relación al peligro de obstrucción a la investigación, la magistrada destacó que también se encuentra latente, por más que la Fiscalía ya presentó acusación con relación a una treintena de procesados en el caso A Utranza.
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“(...) respecto a la imputada el plazo de investigación se ha reanudado, por lo que el Ministerio Público deberá abocarse a culminar con las diligencias investigativas necesarias, tendientes a acreditar o en su caso descartar los extremos alegados en el acta imputación, pudiendo la imputada Gianina García Troche, interferir en el correcto desarrollo del proceso, destruyendo, alterando o modificando elementos probatorios, amedrentando a testigos o en su caso, incitando a otras personas a realizar tales conductas y de ese modo, se evite llegar a la verdad real de lo acontecido (...)”, explicó.
“Es importante mencionar que el supuesto hecho punible atribuido a la procesada, es considerado delito trasnacional de alto impacto a nivel mundial, que pone en riesgo la economía e incluso amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”, resaltó la magistrada.
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Elevada expectativa de pena
La imputación presentada en contra de la uruguaya Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante prófugo Sebastián Marset, es por lavado de activos previsto en el artículo 44 de la Ley N°1.340, conocida como la “Ley de drogas”, del capítulo referente a los hechos punibles de tráfico ilícito y delitos conexos, en carácter de autora.
El mencionado artículo 44 , establece lo siguiente: “El que a sabiendas comercie, intervenga de alguna manera o se beneficie económicamente, por si o por interpósita persona, del producto de la comercialización ilícita de las sustancias con materia primas a que se refiere esta Ley será castigado con penitenciaria de cinco a quince años.
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La pareja de Gianina y padre de sus cuatro hijos, el uruguayo Sebastián Marset Cabrera, es considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una megabanda criminal dedicada al narcotráfico que operó a partir del año 2018 y que fue desarticulada el 22 de febrero de 2022, mediante el operativo A Ultranza Py.
El Ministerio Público de Paraguay sindica a Gianina García de haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de activos obtenidos mediante el tráfico internacional de drogas; y de la apertura de una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero legal de nuestro país, según la imputación presentada el 23 de febrero del año 2022 por el fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak.