En el marco de la apertura de sobres de ofertas que se lleva a cabo este jueves en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se registraron varias objeciones oficiales que deben ser estudiadas antes de la adjudicación para la compra de máquinas de votación.
Los oferentes que pasaron a esta etapa fueron Consorcio Paraguay Democrático, Consorcio Comitia - MSA y Miru Systems. Los tres presentaron variadas objeciones en contra de sus competidores.
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Algunas de las objeciones planteadas fueron:
- Según la protesta, el Consorcio Paraguay Democrático no detalla en el acta de intención las actividades a ser desarrolladas por cada integrante del consorcio, establecido por reglamento y normativas de contrataciones. También afirmaron que varios documentos no tienen firmas y la empresa integrante del consorcio tendría varios incumplimientos a las normativas.
- En cuanto a las objeciones contra Miry Systems, los competidores afirmaron que presentó firmas defectuosas e inválidas, además de formularios incorrectos o con fechas que no concuerdan. También señalaron que presentó documentos en inglés, sin la traducción certificada al español.
- El Consorcio Comitia - MSA presentó documentos con discrepancias en el domicilio declarado. Además, según la objeción, solo tiene un empleado registrado en el Instituto de Previsión Social (IPS) que sería insuficiente para cumplir con la contratación.
- El TSJE recepcionó otras objeciones más, específicamente detalladas y con los datos referentes respecto a qué normativas podrían estar siendo incumplidas. Por ejemplo, Miry afirmó que sus competidores no declararon las identidades de los representantes legales de cada firma que los componen.
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Politólogo dice que las máquinas condicionarían la soberanía popular
Paralelamente, también se presentó el politólogo Luis Fretes Carreras, quien presentó una objeción escrita y firmada asegurando que el proceso no cumple principios de mutuo control, transparencia y participación, por lo que no corresponde comprar máquinas que “condicionen la soberanía popular”.
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Indicó que no se hicieron audiencias públicas, como establece el artículo 46 de la Constitución Nacional, tampoco participaron organizaciones civiles especializadas en tecnología.
También reiteró la falta de medidas de seguridad para el funcionamiento confiable de las máquinas.