Los abogados Ezequiel Santagada, Federico Legal y Alberto Poletti, en representación de las organizaciones de la sociedad civil demandadas por la Comisión “garrote”, solicitaron este jueves al juez en lo Civil y Comercial del 11° Turno Diego Alejandro Torres Sandoval que declare la extinción de la acción planteada por la instancia legislativa el pasado 24 de abril.
Al contestar el pedido de auxilio judicial de la Comisión “garrote”, los representantes del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Semillas para la Democracia, Juntos por la Educación y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), calificaron la acción judicial como una campaña desproporcionada y políticamente motivada por parte de la ya extinta Comisión Conjunta de Investigación de Lavado de Activos.
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Resaltan que la Comisión “garrote” incurrió en abusos de poder, violaciones constitucionales y una clara intención de silenciar a la sociedad civil; y sostienen que la comisión legislativa creada para investigar lavado de activos perdió toda legitimidad jurídica al vencer su mandato el 31 de marzo de 2025, o a más tardar el 25 de abril, según su prórroga. “Es un ente inexistente que no puede seguir actuando”, expresaron.
Cuestionan demanda de Comisión “garrote”
Los representantes de las organizaciones demandadas señalan que la acción de la Comisión “garrote” es un desastre procesal, ya que no solo carece de claridad sobre qué información específica busca, sino que ni siquiera incluyó el escrito inicial al notificar a las partes, dejando a las organizaciones en un estado de indefensión y teniendo solo horas para contestar sobre un expediente de casi 200 fojas.
“No especifican qué falta ni por qué lo necesitan. Es una pesca indiscriminada de datos”, critican los abogados que representan a las oenegés, agregando que la presentación viola requisitos básicos establecidos en el Artículo 215 Código Procesal Civil.
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Resaltan que las organizaciones de la sociedad civil apuntan directamente a la Ley 137/93, que otorga a la Comisión “garrote” poderes excesivos, como exigir datos privados sin pasar por ambas Cámaras del Congreso, contraviniendo el Art. 195 de la Constitución Nacional. “Estas facultades son un cheque en blanco para el abuso”, advierten, solicitando que se declaren inconstitucionales.
Alegan persecución contra las ONG
Según los letrados, a las oenegés se les exigió información irrelevante, como contratos y facturas con nombres y salarios de colaboradores, con el único fin de estigmatizarlas. Al respecto recuerdan que un audio filtrado del senador Gustavo Leite (ANR - cartista), lo deja claro: “Si nos dan los datos, mueren política y socialmente en Paraguay”, había expresado el legislador, según la grabación señalada.
“Esta confesión, ampliamente difundida, expone una agenda para desgastar moral y socialmente a las ONG, un abuso de poder que las organizaciones comparan con tácticas autoritarias”, expresaron los representantes legales de las organizaciones demandadas.
Puntualizaron que lejos de ser “renuentes”, como alegaron los integrantes de la Comisión “garrote”, las oenegés han entregado miles de fojas de documentación con datos de contratos, informes financieros, narrativos y comprobantes que prueban la licitud y uso de los fondos provenientes de USAID y la Unión Europea. Sin embargo, se negaron a proporcionar datos personales de terceros, amparadas en los artículos 33 y 36 de la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales.
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Las organizaciones instan al Poder Judicial a frenar este atropello, declarando extinta la acción, rechazando la demanda por sus fallos legales y protegiendo los derechos fundamentales.
“Este caso es una prueba de fuego para la democracia paraguaya”, subrayaron los representantes, advirtiendo que permitir estos abusos debilitaría el pluralismo y la participación ciudadana.