La jueza Diana Carvallo explicó que se trata del primer caso de aplicación de tobillera electrónica en una persona imputada por violencia intrafamiliar en la capital del país. El objetivo es mejorar el control de una medida cautelar de arresto domiciliario, especificó.
“El control es posible con este dispositivo que tiene un teléfono celular con botón de pánico y línea directa a la base de operaciones donde se realiza el control a la persona con el dispositivo”, indicó.
El mecanismo permite mantener a la persona vigilada cuando sale del área de cobertura y cuando se acerca al área de la víctima.
El costo de la utilización del aparato es de G. 2.000.000 por persona, que lo paga el Ministerio del Interior, no el usuario.
La factibilidad consiste en que el lugar de la prisión domiciliaria tenga acceso a internet por wifi para estar monitoreado.
El beneficio del uso de tobillera se concede a personas procesadas, no a las condenadas, aclaró.
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Se trata del quinto caso, en nuestro país, de un procesado que cuenta con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
El otro se trata de cuatro personas procesadas por un mismo caso y todas cuentan con el dispositivo electrónico. Es en Lambaré y también por violencia intrafamiliar.