Luego de conocer el interés del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de cambiar la Ley N° 5.136/17 de Educación Inclusiva y la resolución N° 376, de apoyo a docentes en inclusión, docentes, asociaciones y familias del sector exigen no volver a segregar a estudiantes con discapacidad.
El planteamiento de la cartera educativa se da tras pedidos de gremios docentes, como la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep – SN), que solicitaron volver a revisar estas normativas, alegando que son de difícil cumplimiento, debido, entre otras cosas, a la superpoblación de aulas para atender a todos los alumnos.
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Por un lado, Silvio Piris, presidente de la FEP, indicó que la propuesta del sindicato es contar con secciones destinadas exclusivamente a los escolares con discapacidad, con la posibilidad de que puedan socializar con otros niños únicamente en la entrada o el recreo.
Mientras que la Otep - SN, pidió ayer en una protesta realizar una reevaluación de la normativa de inclusión en el sistema escolar. “Nosotros planteamos, mientras tanto, suspender provisoriamente la ley”, remarcó.
TEA PY: “La inclusión no se negocia”
La Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con TEA (TEA PY), expresó en un comunicado que “no aceptaremos que se cuestione el derecho de nuestros hijos e hijas a una educación inclusiva y digna.
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Criticaron también que se ponga en duda la vigencia de la Resolución 376/2025, que, según indicaron, garantiza lo que la Constitución y los tratados internacionales ya consagran: “igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”.
“Dejar sin efecto esta resolución sería un acto de discriminación. Postergar su aplicación es prolongar una injusticia histórica”, insistieron. Advierten que están listos para defender cada paso ganado en la materia.
Por otro lado, se pusieron a disposición del MEC para colaborar activamente en las capacitaciones que sean necesarias para fortalecer las capacidades de los docentes y garantizar una educación de calidad para todos.
El comunicado de una Aso de docentes
Desde la Asociación de Profesionales y Universitarios de Apoyo a la Inclusión (APUAPY), exigen velar por cumplir las normativas sobre inclusión en educación, antes que analizar cambios o pedir la suspensión de las mismas.
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“Nosotras entendemos perfectamente cómo se deben sentir los profesores, donde tienen alumnos que tienen necesidades educativas específicas, porque en comentarios (en redes sociales y páginas de medios), dicen que molestan, distraen en la clase, atrasan al grupo, que es difícil a veces con los estudiantes”, aseguró Natalia Montiel, vicepresidenta de la asociación.
Pero, asegura, las docentes de apoyo a la inclusión no creen que la “segregación”, al promover secciones separadas, no es la solución. “Al estar en el mismo colegio, pero en aulas distintas, igual se promueve la segregación, no es el modelo que tanto se luchó por conseguir, agregó Montiel.
Explicó que hay estudios que demuestran que este tipo de acciones causan muchos prejuicios y que atrasan bastante la educación en sí. “Desde el gremio de profes y de familiares que tenemos niños en estas condiciones, nos sentimos dolidos, porque es como que vamos a deshacernos de ellos, ya es luego muy difícil de trabajar con ellos”, expresó la docente.
Personas con discapacidad piden integrar mesa de trabajo
El ministro de Educación, Luis Ramírez, confirmó que a partir del jueves 5 de junio, iniciarán una mesa de trabajo sobre educación inclusiva, integrada por autoridades de la cartera educativa y por representantes de gremios docentes.
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Ante esta instancia, el Colectivo de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres con Discapacidad (Discasfem), pide al titular de Educación que las organizaciones que trabajan en el sector de discapacidad también puedan integrar estos espacios.
Liz Díaz, integrante de la organización, agregó que está de acuerdo con analizar por qué no se cumple con la normativa, que tiene en cuenta la infraestructura escolar, la contratación de personal técnico y mayor inversión para atender la inclusión.
“A veces depende mucho del presupuesto que no se estén cumpliendo las leyes, con recursos humanos suficientes, no se hacen las capacitaciones. Hay mucho análisis que falta antes de pausar una ley o de proponer modificaciones”, planteó.