La administración del libertario Javier Milei argumenta que “facilidades extremas” motivaron la inmigración ilegal y el uso indebido de los recursos públicos. Según el último censo de Argentina un 4,2% de la población es inmigrante.
El Gobierno argentino hizo público un decreto que modifica las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en el país donde al menos 1.941.862 son extranjeros, según el censo de 2022. De esa cifra, el 27% es de nacionalidad paraguaya. Les siguen bolivianos y venezolanos. Según el diario Clarin, aunque Paraguay sigue liderando el ranking, la cantidad disminuyó un 3% respecto al 2010.
Organizaciones de derechos humanos temen estigmatización de migrantes.
Estos son algunos de los cambios:
El decreto menciona en una parte y refiere como argumento para poner en vigencia la reforma migratoria que “las facilidades extremas que existen actualmente para entrar y permanecer en el territorio nacional, así como de utilizar sin cargo los servicios de salud y educación, permiten prever que resulta probable que una proporción importante de esos deportados (N. de la Redacción: presumiblemente de Estados Unidos) se radique o intente radicarse en nuestro territorio, lo cual generaría un impacto en la economía y en los servicios esenciales de la población”.
Deportaciones y requisitos
Uno de los cambios más significativos es la deportación obligatoria de cualquier extranjero que cometa un delito, sin importar la pena.
Hasta antes del decreto, crímenes con condenas menores a cinco años no impedían la permanencia del extranjero en territorio argentino. Además, la nueva normativo prohibe el ingreso a los migrantes con antecedentes penales.
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Ingreso a la Argentina
Los requisitos para ingresar al país como turista señalan que “a fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación”.
Atención médica
El Gobierno argentino también pretende poner fin a lo que denominaron “tours sanitarios”. El decreto presidencial establece que los residentes temporarios, transitorios e irregulares deberán pagar por los servicios de salud y contar con un seguro médico al ingresar al país.
Según datos oficiales de 2023 y utilizado como argumento para la reforma migratoria, la atención médica a extranjeros costó aproximadamente 114.000 millones de pesos argentinos a las arcas públicas.
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Turismo de “natalidad”
La reforma migratoria argentina también busca desalentar lo que el gobierno considera como “turismo de natalidad”, que el decreto menciona como “una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente de los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente y, eventualmente, a una ciudadanía que los habilite a obtener el pasaporte argentino”.
Argumenta el gobierno de Milei que “para ello también es necesario establecer que quienes soliciten la residencia permanente deban acreditar los medios (económicos) suficientes para subsistir en nuestra Nación y la inexistencia de antecedentes penales”.
Universidades en Argentina
Otro de los puntos relevantes refiere a la educación terciaria. Según el documento oficial se permitirá a las universidades nacionales cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, aunque se mantendrá la gratuidad en educación primaria y secundaria, en cumplimiento de la Constitución.
Residencia y ciudadanía
Para obtener la residencia permanente, los solicitantes deberán acreditar medios de vida (económicos) suficientes y no tener antecedentes penales.
La ciudadanía solo se concederá tras dos años de residencia continua o por inversiones consideradas “relevantes” para el país. El trámite para otorgamiento de la ciudadanía por naturalización estará a cargo de la Dirección de Migraciones.
El decreto endurece los requisitos para la residencia. El ciudadano deberá permanecer en el país por dos años anteriores a la presentación de la solicitud. En ese periodo de tiempo no debería haber salido al exterior.
El Gobierno justificó las modificaciones argumentando que, en las últimas dos décadas, ingresaron 1,7 millones de extranjeros de manera irregular. “Es tiempo de instaurar orden y sentido común”, señaló el comunicado oficial.
¿Inconstitucional?
La oposición ya anticipó que analizará la constitucionalidad del decreto.
Organizaciones civiles observan con preocupación la posible violación de derechos humanos, entre ellos el principio de presunción de inocencia; y la criminalización de la pobreza y la migración,
Asimismo, violación de normas internacionales a las que está suscrita la Argentina. Igualmente, temen expulsiones preventivas solo bajo sospecha.