Los concejales Gladys Teresa Mereles Vega (PLRA) y Martín Rolón (ANR), quienes habían rechazado la ejecución presupuestaria del ejercicio 2024 del intendente local, Luis Rodríguez (PLRA), por supuestos indicios de irregularidades, presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos bajo patrocinio del abogado Julio César Godoy.
Los ediles municipales también presentaron denuncia contra los funcionarios municipales: la secretaria general Celeste Villalba; el jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas (UOC), José Clemente Gómez Ramírez; el fiscal de obras, arquitecto Ángel López Monges; la miembro del Comité de Evaluación Wilma Giménez e Iris María Celeste Villalba; y el tesorero Rodrigo Recalde.
Los concejales denunciantes solicitan al Ministerio Público que investigue la presunta comisión de los hechos punibles de “lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal, omisión de comunicar hechos punibles y otros hechos punibles que surjan en el curso de la investigación”.
Alegan que del total de adjudicaciones realizadas, que ascienden a G. 2.152.540.069, unos G. 294.653.216 carecen de respaldo documental visible. Además, se había vendido el vertedero municipal bajo la expresa condición de que lo recaudado G. 300.000.000 serían destinados a la compra de otro inmueble para el mismo fin. Sin embargo, hasta la fecha no se ha adquirido nuevo terreno alguno.
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A esto se suma que las construcciones de empedrado se encuentran en pésimas condiciones, por lo que se pide fiscalizar la calidad de la obra. Entre lo peticionado al Ministerio Público se encuentran investigar a las firmas adjudicadas con obras, sin especificar qué realizaron: RV Construcciones; GAEL; Celso Uliambre Lugo; San Miguel; Fulgencio Javier Sánchez; MAVR; COG; EM; OR; YAGUARU; Comisión Vecinal Tajy Poty y CM.
“Difaman porque quieren recuperar la Intendencia”
El intendente Rodríguez agradeció el respaldo de la ciudadanía que se acercó para brindarle su apoyo, así como a los funcionarios, pero solicitó a la bancada liberal de la Junta Municipal dejar sin efecto el declarar personas no gratas a los concejales denunciantes. “No quiero defenderme atacando, sino demostrando con documentaciones y acciones ante la Fiscalía”, indicó.
Dijo que siente por sus funcionarios que fueron difamados innecesariamente, y esa sensación que se quiere transmitir de que todo se está haciendo mal responde al interés político de querer recuperar la Intendencia a cualquier costa. “La Intendencia hace 20 años está siendo administrada por liberales y quieren coloradizar todo el departamento de Paraguarí”, resaltó.
Explicó que los fondos genuinos de la venta del vertedero se reinvirtió pagando cuentas a la Gobernación de Paraguarí por el 15 por ciento del Impuesto Inmobiliario, a la Caja de Jubilaciones, y se realizaron intervenciones en algunas instituciones educativas que necesitaban reparaciones, así como en el Centro de Salud cuya estructura se había derrumbado y no estaba previsto ningún desembolso para el lugar.
Agregó que le cuestionan que el empedrado estaba mal hecho, y dijo que no hay obra que aguante si la ciudad no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, especialmente en los barrios Virgen de Fátima, San Miguel y Santa Lucía. “No es una mala obra, no se puede contra la naturaleza”, resaltó.
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Manifestó que no teme, que en su administración no existe faltante ni malversación de fondos, y que está con la conciencia tranquila porque se trabaja con el pueblo, con los niños, con las comisiones vecinales, y que las contrataciones directas abaratan más el costo de las obras que a través de licitaciones. Se adjudicaron obras urgentes, como la reparación del Puesto de Salud de Huguá Po’i que se había derrumbado y no tenía presupuesto previsto, al igual que varias aulas.
Finalmente, dijo que para defender a la institución de este “show” que hicieron los dos concejales, ya cuenta con asesoramiento de profesionales, quienes también defenderán a los funcionarios.