El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Diesel Junghanns, aprovechó la sesión ordinaria del pleno de la máxima instancia judicial de hoy para referirse al caso de la abogada “tiktokera” María Fátima Muñoz Escobar.
Si bien Diesel no dio nombres, precisó que la resolución del Consejo de Superintendencia por la cual se dispuso la investigación preliminar ante la detección de presuntas irregularidades vinculadas al uso de una sala de juicios orales del Poder Judicial para fines ajenos al ejercicio profesional, es del 23 de mayo de 2025. Esta medida se adoptó tras la difusión de contenidos a través de una red social.
“Más allá del estado de la ocupación física de la sala, es deber institucional resguardar el sentido ético, simbólico y funcional de los espacios del Poder Judicial que deben ser utilizados exclusivamente en consonancia con su finalidad pública”, expresó el presidente.
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“Este hecho puntual no constituye una práctica institucional, pero nos interpela como servidores públicos a seguir reforzando los estándares de decoro, de uso responsable de los recursos judiciales y el apego ético al ejercicio profesional”, agregó.
Finalmente, Diesel resaltó que esta actuación “reafirma el compromiso de esa Corte con la integridad institucional, la transparencia y la observancia de las normas que rigen el ejercicio profesional en sede judicial”.
La polémica abogada representa a los padres del adolescente sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez y se hizo viral tras la publicación de una serie de videos en redes sociales. En los mismos, la letrada hace referencia a su actuación en casos privados, teniendo como escenario una sala de juicio oral y público, y en uno de ellos hasta baila.
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CSJ acepta renuncia de juez investigado en el caso “mafia de los pagarés”
Posteriormente, se dio inicio al estudio de los temas previstos en el orden del día, entre ellos la renuncia del juez de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez, quien fue suspendido sin goce de sueldo en marzo pasado. Rodríguez es uno de los cuatro jueces de Paz procesados en sendas investigaciones abiertas con relación a la "mafia de los pagarés".
Idéntica determinación adoptó anteriormente la ahora exjueza de Paz de San Roque, Liliana Mabel González de Bristot. Los que siguen en funciones pero suspendidas son la titular del juzgado de Paz de la Catedral del 2° Turno, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino y la de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro.
Suspensión de jueza de paz, sin efecto
Otro tema abordado en la sesión de hoy fue la nota presentada por la jueza de Paz de Villa Elisa, Martha Beatriz Benítez Alderete, suspendida sin goce de sueldo por irregularidades detectadas por una auditoría realizada por la Corte Suprema de Justicia.
Por un lado, la jueza planteó una aclaratoria con relación a la decisión del pleno de remitir el resultado de la auditoría a la Fiscalía para la apertura de la investigación correspondiente. Por otro lado, la recurrente solicitó también el levantamiento de la suspensión sin goce de sueldo que pesa contra la misma desde mayor pasado.
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“Hay que tener en cuenta que la Corte ya ha considerado los argumentos y aspectos a los que hace referencia la recurrente, de modo que no hay nuevos elementos de juicio a ser considerados o ser tomados en cuenta. Además, una cuestión que no puede pasarse por algo es que la Corte ya ha remitido los antecedentes al Ministerio Público, por lo que creo que a esta altura y por los fundamentos mencionados no corresponde hacer lugar al pedido en cuanto tiene que ver con la remisión al Ministerio Público”, expresó el ministro Eugenio Jiménez Rolón, cuya postura contó con el apoyo de los demás ministros.
Asimismo, Jiménez Rolón votó por hacer lugar al levantamiento de la suspensión, en atención a que la medida ya cumple un mes, que es el tiempo máximo permitido para su duración.
“No ha lugar a la reconsideración en lo que respecta a la remisión a la Fiscalía porque ya se remitió, pero sí disponer el levantamiento de la suspensión, porque mañana se cumple el plazo de 30 días, plazo máximo de suspensión sí corresponde levantar”, explicó Jiménez. Los demás ministros votaron en el mismo sentido.