El juicio oral y público al funcionario judicial Néstor Zárate Lovera por supuesto soborno agravado está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres.

La acusación fiscal a cargo de Verónica Valdez sostiene que Zárate ofreció dinero a un funcionario del juzgado penal de Garantías N° 9, para hurtar un cheque de un expediente de Ramón González Daher (RGD).
En el primer día de juicio oral y público, el defensor público Carlos Arce, planteó distintos incidentes, el principal de ellos el de exclusión de una de las principales pruebas ofrecidas por la Fiscalía: la prueba pericial de informe de extracción de datos del teléfono celular de su defendido.
Argumento de la defensa para excluir prueba “clave”
Arce explicó que el Código Procesal Penal, en su artículo 200, establece que el juez que ordenó la pericia está obligado a filtrar el contenido de las conversaciones, de manera a rescatar las que guarden relación con el hecho investigado y destruir todo aquello que no guarde relación con la misma, pero esto no se hizo.
“El Código establece claramente que juez debe hacer el filtro y remitir única y exclusivamente lo que sea pertinente para la causa y todo lo demás debe destruirse. Es el juez de Garantías quien tiene que verificar las cuestiones que deben ir a juicio oral tratando de cuidar que no se vulneren esas garantías de la inviolabilidad del acervo documental y esto no se hizo”, explicó Arce, tras comentar que esta prueba se ofreció “en bruto”, indicó el defensor.
Este incidente fue rechazado por el colegiado, que precisó que corresponde excluir porque la Constitución y el CPP permite acceder a todo, lo que no se puede es valorar lo que no guarde relación con el hecho investigado.
Asimismo, el Tribunal se comprometió a arbitrar los medios necesarios para que sus derechos no sean vulnerados durante la exposición de dicha prueba.
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El cheque de Ramón González Daher
En sus alegatos iniciales, el defensor puso en tela de juicio la calidad de funcionario judicial del denunciante, Iván Fleitas, tras sostener que el mismo, además de no poseer la calidad de representante del Poder Judicial, tampoco tenía poder de decisión.
Consultado por Abc, Arce dijo también que no es cierto que su defendido pretendía que se hurte un cheque de RGD.
“El juez Duarte no tenía ningún cheque, lo que él tenía era la denuncia de robo de cheques del juzgado de Humberto Otazú. Este abogado, tenía una clienta que estaba siendo demandada por uno de los cheques que se robó del juzgado de Otazú y lo que único que quería este abogado es que se verifique si se trataba del mismo documento, en el listado de los cheques robados, por eso le envió una foto”, explicó.
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Abogado, con suspensión condicional del procedimiento por instigar soborno
El abogado que contactó a Néstor Zárate Lovera es José León Ávalos Chávez, quien en marzo pasado obtuvo la suspensión condicional del procedimiento por instigar el soborno. Para evitar el juicio, el letrado se comprometió a donar G. 10 millones en 20 cuotas a la Fundación Asoleu a modo de reparación del daño social.
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La Fiscalía señala que Ávalos Chávez habría tenido una comunicación vía WhatsApp con Zárate Lovera, a quien en fecha 30 de septiembre de 2022 le habría remitido fotografías de un cheque del 19 de octubre de 2021 con cargo Banco GNB Paraguay a nombre de Lucy Beatriz Arza Huerta por US$ 59.500.

Concretamente, siempre según la Fiscalía, Ávalos Chávez –a través de notas de voz– le había solicitado a Zárate Lovera que ubique el referido cheque y también el requerimiento presentado en la citada causa.El Ministerio Público sostiene que el letrado realizó una promesa al funcionario judicial de entregarle la suma de G. 3.000.000 y que luego de que le sean entregados los documentos requeridos completaría la suma restante de G. 2.000.000.
Funcionario judicial fue detenido en una entrega vigilada
El funcionario Zárate, perteneciente al Juzgado Nº 7 del juez Miguel Palacios, fue detenido el14 de octubre de 2022, en el marco de una entrega vigilada.
El hurto de cheques del juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 1 a cargo de Otazú al que hace referencia el defensor Arce fue detectado en agosto del 2021. El magistrado denunció la desaparición de 471 cheques ofrecidos por la Fiscalía como prueba del esquema de usura orquestado por el exdirigente deportivo.
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En la causa de donde se hurtaron los cheques, RGD fue posteriormente condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y a 7 años por denuncia falsa, en otra causa. La tercera condena que pesa contra RGD es precisamente por hurto de los cheques del juzgado de Otazú, por el cual fue sentenciado a 6 años de pena privativa de libertad.
El juicio continúa el próximo viernes 20, con producción de las pruebas documentales.