El 20 de junio de 1992, la Convención Nacional Constituyente sancionó la Constitución Nacional. Con ella se crearon dos órganos en el sistema de justicia, el Consejo de la Magistratura (CM), encargado de elegir a magistrados y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), encargado de juzgar el desempeño, sancionar y remover a defensores públicos, fiscales y jueces.
El JEM actúa ante acusaciones presentadas contra los citados operadores de justicia, por la presunta comisión de hechos punibles o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Todo esto, dentro del debido proceso, con el fin de contribuir con la buena administración de justicia.
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El Jurado se conforma por dos representantes del Poder Judicial, específicamente, ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como otros dos miembros del Consejo de la Magistratura (CM) y cuatro representantes del Poder Legislativo, dos de la Cámara de Senadores y también dos de la Cámara de Diputados.
De esta forma, la mesa directiva del JEM está conformada: como presidente el ministro de la Corte César Garay Zuccolillo; como vicepresidenta 1° la consejera Alicia Pucheta Viuda de Correa; como vicepresidente 2° el senador Derlis Maidana; y como miembros están el ministro de la Corte Manuel Ramírez; el consejero Enrique Berni; el senador Mario Varela y los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia.
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Compromiso con la transparencia
Dentro de sus atribuciones, el JEM busca consolidarse como una institución confiable, caracterizada por la transparencia, la objetividad y la imparcialidad; principios esenciales para el cumplimiento de su mandato constitucional, de acuerdo con lo que manifestaron desde el órgano extrapoder.
Desde su creación y vigencia, el Jurado de Enjuiciamiento estuvo regido por distintas legislaciones. La primera norma que estableció su funcionamiento y los procesos fue la Ley N° 131/1993, que posteriormente fue abrogada por la Ley N° 1084/1997.
En 2001 entró en vigencia la Ley N° 1752, que modificó un total de cuatro artículos de la legislación de 1997. En tanto que, en el año 2009 se promulgó la Ley N° 3759/2009 que abrogó las normativas anteriores y pasó a regir el procedimiento del JEM.
Actualmente el órgano encargado de juzgar a defensores públicos, fiscales y jueces, está regido por la Ley N° 6814/2021.
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Más sombras que luces en el Jurado
El caso conocido como “audios filtrados” desnudó el esquema de aprietes dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En este, los principales actores fueron el ex senador fallecido Óscar Alberto González Daher y su secretario Raúl Fernández Lippmann, a través de este último se hacían las maniobras para someter al “garrote” a jueces y fiscales.
En 2021, por ese caso fueron condenados a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena por 3 años, Óscar González Daher y Raúl Fernández Lippmann, y a 1 año y 6 meses, también con suspensión, al abogado Carmelo Caballero.
En cuanto a Fernández Lippmann cabe señalar que, debe afrontar un nuevo juicio para adecuar la calificación y la pena que debe cumplir, en atención a que un Tribunal de Apelaciones anuló su absolución sobre el hecho de asociación criminal.
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En cuanto a Jorge Bogarín Alfonso, integró también el JEM y lo presidió. De hecho, el 31 de enero de 2023 se convocó a sesión extraordinaria para elección de la nueva mesa directiva. El 1 de febrero, fue reelecto Bogarín como titular del órgano, transgrediendo la Ley N° 6814/2021 vigente. Esto fue cuestionado por algunos miembros y finalmente se dejó sin efecto ambos actos.
El 23 de marzo de 2023, por otra parte, Estados Unidos declaró “significativamente corrupto” a Jorge Bogarín, por dos casos puntuales: el primero, por la remoción de Jorge López Lohman como fiscal de San Pedro de Ycuamandyyú y el segundo, con un informe presentado por la Contraloría General de la República sobre los bienes de Bogarín Alfonso y su esposa, por la jueza en lo civil y comercial de la capital Karen Leticia González Orrego. Esto derivó en el pedido de permiso y posterior renuncia de Bogarín.
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JEM: dudas sobre título y presunto esquema para recaudar
Otro de los casos que ensuciaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es el de Hernán David Rivas Román. El mismo fue elegido por la Cámara de Diputados como representante ante el órgano y, en medio de dudas sobre la autenticidad sobre su título de abogado, fue elegido como presidente del órgano extrapoder.
Ese acto escandaloso lo obligó a renunciar posteriormente a ese cargo de la mesa directiva. El Ministerio Público inició luego una investigación por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de estos. Actualmente está con sobreseimiento provisional, el cual vence en setiembre de este año.
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El otro caso salió a luz con la investigación publicada por nuestro diario y denominada #LaMafiaManda y que tuvo como principal involucrado a Orlando Arévalo, quien en su carácter de presidente del JEM, también habría llevado a cabo un esquema de pariete a fiscales y jueces.
Los mensajes filtrados de WhatsApp entre Arévalo y el difunto Eulalio “Lalo” Gomes, revelaron que este último intermediaba entre los fiscales y jueces para llegar hasta Arévalo y que este, a su vez, opere dentro del órgano para lograr una sanción leve o salvarlos de alguna. Esto, presuntamente, a cambio de sumas de dinero, según se pudo ver en los distintos mensajes.