En lo que es la primera intervención de la Municipalidad de Asunción en la era democrática, Carlos Pereira, quien asumió hoy como interventor, apartando del cargo al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), señaló que el proceso iniciará con un corte administrativo para revisar la situación financiera de la comuna. Rodríguez, quien es temporalmente apartado del cargo, deja una comuna en quiebra técnica, según opositores, con una ciudad en ruinas, con pésimos servicios y un plantel más de 9.000 funcionarios, de los cuales más de 1.800 ingresaron durante su gestión.
Pereira se refirió a la creciente preocupación del funcionariado municipal sobre el pago de salarios del mes de junio, luego del retraso de casi diez días que tuvo la administración de Rodríguez con el salario de mayo. Según datos oficiales de la gestión de Rodríguez, solo en los primeros cuatro meses de 2025 se pagaron más de US$ 30 millones en salarios. La cifra es más de seis veces lo que se gastó, en el mismo periodo, en obras.
El interventor aseguró que el pago de los salarios está garantizado, pero dependerá del resultado de una minuciosa y exhaustiva evaluación de la planilla. “Me voy a interiorizar puntualmente de quiénes componen la lista de personas que cobran, qué funciones realizan, dónde están trabajando”, dijo, aunque aclaró que estará supeditado también a la situación financiera de la Municipalidad. “Voy a ver el flujo de efectivo con el que cuenta la administración”, explicó.
La administración de Rodríguez acumula G. 30.246 millones en cuotas vencidas por intereses de los bonos G8. Desde enero, adeuda otros G. 14.589 millones a la Caja Municipal, dinero que descuenta todos los meses a los funcionarios.
Confían en concluir auditoría en 60 días
El informe de la Contraloría, que motivó la intervención, confirmó el desvío de unos G. 500.000 millones en bonos para obras, usados en gastos corrientes, denunciado por ABC. Además, el intendente está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia. La Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.
El interventor, Óscar Pereira dijo que confían en la capacidad de su equipo para concluir la auditoría en el plazo de 60 días, siempre y cuando accedan a toda la documentación requerida. “De acuerdo a las documentaciones que se tengan a la vista para hacer las verificaciones correspondientes, vamos a ir viendo si va a ser necesario (pedir prórroga) o ya va a ser suficiente. Nosotros estamos muy confiados en que en ese tiempo se tengan todas las documentaciones”, señaló.
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El foco principal del trabajo del equipo interventor estará en “la auditoría de los procesos que han originado las causales de esta intervención”, señaló Pereira, pero aclaró que “si en el transcurso del trabajo surgen hechos nuevos que merezcan alguna investigación, será denunciada a donde corresponda”.
Asimismo, insistió en que no se dejará de lado la gestión diaria de la administración municipal. “Vamos a estar trabajando muy de cerca con todas las direcciones involucradas, de manera a que no se resientan los servicios. El primer reto está en restaurar la confianza de la ciudadanía”, expresó.
Para ello, el interventor aseveró que realizarán un trabajo de integración entre su equipo y el Gabinete de la intendencia y escucharán a los directores para conocer los planes que tienen, “las medidas de contingencia ante los distintos requerimientos que puedan provenir de la ciudadanía y nosotros hacer nuestro trabajo en el tiempo y el espacio que nos toque estar en este lugar”.
El equipo de trabajo del interventor
En el acto protocolar de su asunción al cargo, Pereira presentó a parte de su equipo de trabajo, que estará compuesto por unas 18 personas, entre abogados, contadores y arquitectos.
Entre los que hoy ya presentó, se encuentran los abogados Víctor Augsten y Ulises Caballero; las contadoras Sara Martínez, Rocío Segovia, Gilda González, Rocío Acosta, Viviana Fuster, Verónica Galdona y Óscar Franco; la arquitecta Griselda Fuster y la comunicadora María Paz Mercado.
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Pereira dijo que el resto del personal que lo acompañará en la tarea se encuentra en plena gestión para su comisionamiento, por lo que se sumarán a los trabajos una vez que concluyan los trámites administrativos.
Por su parte, el intendente apartado, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), presentó a las personas que harán de nexo entre el equipo de intervención y el Gabinete: Miriam Paredes, directora de Auditoría; Antia Franco, directora de Hacienda y Ana María Morel, directora de Área Social.
Interventor escuchará a jubilados
En la conferencia de prensa, tras su asunción al cargo de interventor, Pereira fue abordado por representantes de los jubilados municipales, quienes reclaman la falta de pago de sus haberes hace 4 meses, como consecuencia de la falta de transferencia de los aportes descontados al personal activo municipal en el mismo periodo. Floria Galeano, vocera del sector, le consultó si podrían ser escuchados para exponer su situación.
La jubilada reconoció que lo ideal no sería depender del aporte de los funcionarios activos, pero que ante la desaparición de los fondos de la Caja Municipal, no encuentran otra salida. Ella recordó al interventor que la mayoría de los jubilados son personas de la tercera edad y que ya no cuentan ni siquiera con ingresos para poder alimentarse, además de otros gastos necesarios, como el de medicamentos.
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Galeano dijo que ya son más de 35 los jubilados que fallecieron en los últimos meses en la espera del cobro, muchos de ellos como consecuencia de problemas de salud generados por la propia situación.
Pereira respondió que estaba al tanto del reclamo del sector y dijo que reunirse con ellos está dentro de sus prioridades a atender.
Los motivos de la intervención
En su pedido de intervención, la Contraloría General de la República (CGR) había hecho expresa referencia al informe que el organismo contralor emitió el año pasado, tras analizar la ejecución de los fondos provenientes de la emisión de los bonos G8, que eran para obras que no se ejecutaron, y los bonos G9, que eran para pagar los intereses de los bonos anteriores.
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El informe señala la existencia de 6 observaciones, entre las que se encuentran la utilización de un mecanismo ilegal, la cuenta única, para desviar el dinero de los bonos, violando prohibiciones expresas que rigen la gestión presupuestaria y financiera de las municipalidades. Además, no se ejecutaron las obras de infraestructura invocadas para obtener el financiamiento a través de los bonos.
También denunció la Contraloría que se utilizaron recursos de los bonos sin registrar la ejecución ni la obligación de las obras, pero que quedaron en evidencia a través del movimiento de cuentas bancarias.
Además, el documento indica que se destinaron recursos provenientes de crédito público para financiar gastos corrientes, por valores millonarios. Todo esto se suma a la falta de remisión de documentación de respaldo de estas erogaciones a la Contraloría.