ANDE interviene conexión clandestina en un establecimiento ganadero de Santaní

SAN ESTANISLAO. El Departamento de Gestión de Pérdidas Norte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), acompañado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, intervino esta tarde un establecimiento ganadero ubicado en la zona conocida como Punta Suerte, de este municipio, por una instalación clandestina que estaba siendo utilizada dentro de la propiedad intervenida.

Imagen del procedimiento realizado por la Ande en el interior de una finca ganadera de la zona de Santaní
Imagen del procedimiento realizado por la Ande en el interior de una finca ganadera de la zona de SantaníSergio Escobar

La orden de allanamiento y registro de la vivienda fue firmada por la jueza Clara Adorno Franco, en la causa penal caratulada “Operativo allanamiento de propiedad privada por sustracción de energía eléctrica en el departamento de San Pedro, distrito de San Estanislao", ubicada sobre un camino vecinal de la compañía Punta Suerte, a unos 8 kilómetros de la Ruta PY08.

La fiscalización del procedimiento estuvo a cargo del jefe del Dpto. de Gestión de Pérdidas de la ANDE, zona norte, Ing. Fabio Daniel Solalinde.

En virtud de la Ley 7300/24, que protege la integridad del sistema eléctrico y dispone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho suceso, y que estipula hasta 10 años de pena privativa de libertad, se procedió a la incautación de un transformador de 25 kVA de potencia.

Según el funcionario, la causa sigue abierta en el Ministerio Público, a cargo del agente fiscal Carlomagno II Alvarenga, de la Fiscalía de San Estanislao. Asimismo, mencionó que este es el sexto caso a nivel norte del país; en los hechos anteriores fueron procesadas varias personas, entre ellas, imputadas.

Millones de pérdidas para la institución

En lo que respecta al perjuicio ocasionado a la institución en este nuevo suceso, Solalinde comentó que la sustracción clandestina de la energía en el establecimiento fácilmente sobrepasa una pérdida económica aproximada de G. 8 millones, presumiendo un año de uso ilegal del servicio.

Explicó, además, que en estos casos se tienen en cuenta los conceptos de facturación, gastos de intervención, más energía no registrada y la aplicación de la Ley 966.

Por otra parte, manifestó que, por el momento, no se cuenta con la identidad del probable dueño de la finca intervenida, pero que la Fiscalía se está encargando de identificar al o los responsables de la propiedad, quienes deberán ser imputados por el uso clandestino de la energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), subrayó.

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