En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el abogado Óscar Tuma habló de la acción de inconstitucionalidad que presentará ante la Corte Suprema de Justicia contra una sanción que le fue impuesta por, supuestamente, litigar “de mala fé” en la causa de presunto lavado de dinero contra el fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, Partido Colorado).
Esta semana, un Tribunal de Apelaciones ratificó la sanción contra Tuma, a quien se reprocha supuestas recusaciones dilatorias sin fundamentos y expresiones injuriosas contra jueces y fiscales vinculados a la causa contra el extinto diputado Gomes y otras personas investigadas por supuesto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
En respuesta, Tuma anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra su sanción al considerar que viola su libertad de expresión.
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“Para mí (la sanción) es ilegal e inconstitucional porque fue una opinión mía, no se me puede privar el derecho de expresar mi opinión, y decir que tal juez es corrupto o le falta idoneidad, son opiniones”, dijo Tuma.
“Se me está condenando sin juicio previo”
Añadió que, más allá del hecho de que se buscar sancionarlo por una opinión, el hecho de que el Tribunal de Apelaciones haya calificado como “injuriosas” sus manifestaciones es “doblemente inconstitucional” porque la existencia del hecho de injuria debe ser determinado por un Tribunal de Sentencia en un juicio, brindándole oportunidad de defenderse.
“Se me está condenando sin juicio previo”, subrayó.
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El letrado advirtió que la sanción puede sentar un precedente peligroso que “mañana otros jueces van a usar para sancionar a abogados que expresamos opiniones y damos a conocer hechos de interés público”.
Afirmó que “jueces, exjueces y fiscales” se pusieron en contacto con él y coincidieron en decir que la sanción en su contra es “una barbaridad”.
La sentencia del Tribunal
El Tribunal de Apelaciones sostiene que, en el marco de la causa contra el diputado Gomes, Tuma presentó recusaciones contra el juez y otros actores del proceso alegando supuestos vínculos de estos con instituciones como la Embajada de los Estados Unidos, sin fundamentos legales sólidos, en un intento de dilatar el proceso.
Además, apunta como “injuriosas” a expresiones del abogado en redes sociales y en una entrevista radial en las que, según la sentencia, atacó la dignidad y el honor de los jueces y fiscales intervinientes en la causa, incurriendo - según el Tribunal - en una violación del deber de buena fe.