El Tribunal de Sentencia que revocó la prisión preventiva y dictó la libertad ambulatoria del ex gobernador de Central Hugo Javier González y su ex director de Gabinete Miguel Ángel Robles, condenados a 10 años de cárcel por el desvío de G. 5.105.600.000 de los fondos de emergencia con 14 “obras fantasmas”, entre 2020 y 2021; aplicó una fianza total de G. 6.004 millones, correspondientes en 5 inmuebles, solo para el considerado “cerebro del esquema delictivo”.
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Respecto al condenado Hugo Javier González Alegre, el colegiado aplicó solo medidas restrictivas como la prohibición de salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin dar aviso al juzgado; además de la comparecencia mensual, entre el 1 y 5 de cada mes, para firmar el libro de actas judiciales.
Ambos condenados estuvieron esta la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción y firmaron el acta de audiencia de revisión. Aceptaron así las medidas impuestas por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido la jueza Karina Cáceres e integrado por Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón.
La Sentencia Definitiva N° 12 de fecha 4 de enero de 2024, que condenó a Hugo Javier y Robles a 10 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos fue recurrida por las defensas y los recursos planteados siguen pendientes de resolución por parte del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado que integran los camaristas Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Paublino Escobar.
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Condenados por desvío de G. 5.105 millones en Central
Al argumentar la condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles, en fecha 4 de enero de 2025, la jueza Karina Cáceres, presidenta del Tribunal de Sentencia, explicó que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Rodrigo Espínola demostraron en el juicio oral que las 14 obras supuestamente financiadas con los fondos de emergencia, fueron construidas mucho antes de los desembolsos que recibió la Gobernación de Central.
La magistrada resaltó que Hugo Javier González, en su carácter de gobernador y ordenador de gastos, erogó mediante dos resoluciones a favor de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, la suma de G. 3.063.360.000; y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000, totalizando la suma de G. 5.105.600.000, por los que la Gobernación de Central no tuvo contraprestación alguna.
“¿Cuántas camas de terapia, medicamentos o insumos pudieron haberse comprado si es que el dinero llegaba a la población de Central, que confió en él (Hugo Javier González)?”, había señalado la jueza Karina Cáceres en parte de la extensa argumentación de la sentencia.
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Al respecto, agregó que las autoridades de la Gobernación de Central aprobaron las transferencias al CIAP, sin ningún proyecto que justifiquen los desembolsos del fondo de emergencia que recibió la institución, y que debieron ser utilizados para reactivar la economía dentro del departamento durante la pandemia por Covid 19. ”No tenían una sola forma de respaldar el uso de semejante dinero del pueblo paraguayo. Así no se debe jugar con la plata del pueblo paraguayo”, enfatizó.
Robles, el “cerebro del esquema delictivo”
El ex director de Gabinete de la Gobernación de Central Miguel Ángel Robles Ibarra fue quien ideó y lideró el esquema delictivo, hasta conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Gobierno Central a favor de la institución departamental, según lo explicado por la presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Karina Cáceres al momento de dar a conocer la condena.
La magistrada resaltó que los G. 5.105.600.000 que la Gobernación de Central desembolsó para la “ejecución de 14 obras que ya existían” en el departamento, y que finalmente fueron cobrados por la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) fueron a parar, en su totalidad, en poder de Miguel Ángel Robles.
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Según lo fundamentado por Cáceres, la transacción económica debió realizarse vía transferencia de la cuenta de la Gobernación de Central directamente a la cuenta de la Fundación CIAP, no mediante cheques como ocurrió en el presente caso. Agregó que con este procedimiento se evitó la trazabilidad del dinero que pagó la institución departamental.