Pobladores de la Fracción Arasa Poty, en el barrio Santa Lucía de Villarrica, mantienen la expectativa en los avances del proceso judicial que se lleva adelante contra la empresa criptominera Bitfarms (D&N S.A.), acusada por el Ministerio Público de contaminación del aire en su modalidad de polución sonora.
Para los denunciantes, no se trata solo de un litigio puntual, sino de un caso que podría sentar un precedente para regular la convivencia entre la industria criptominera y las comunidades.
“Si queda en la impunidad, mañana mismo pueden volver a incurrir en el hecho y las otras ocho granjas instaladas en la zona podrían repetir el problema”, señaló María Sol Arrúa, vecina e impulsora de la denuncia.
Arrúa explicó que la comunidad inició el reclamo hace aproximadamente un año. Primero, se realizó en la vía administrativa y luego ante el Ministerio Público.
Hoy, con la acusación fiscal, que solicita una pena de hasta 10 años de prisión para el gerente imputado, los afectados consideran que están ante una oportunidad histórica.
“Ahora prácticamente el mundo entero está expectante a cómo se resuelva este juicio”, agregó la vecina. Resaltó que existen pruebas suficientes presentadas por la Fiscalía y que esperan la resolución de un recurso de apelación planteado por la defensa para luego contar con una fecha de juicio oral.
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El problema central denunciado se registró entre junio y noviembre de 2024, cuando el funcionamiento continuo de más de 14.000 equipos de minería digital generó ruidos permanentes, que afecta el descanso y la salud de los habitantes.
Aunque las operaciones fueron frenadas en noviembre de ese año por medidas cautelares en el proceso que sigue su desarrollo a día de hoy, los efectos físicos, psíquicos e incluso en la infraestructura local todavía se sienten, aseguran los afectados.
La fiscal especializada en delitos ambientales, Jadiyi Ortíz, presentó en mayo la acusación contra Juan Ignacio Marcillo, representante legal de la empresa. Según el Ministerio Público, las actividades de la criptominera generaron un impacto ambiental que configura el hecho punible de contaminación del aire previsto en el artículo 198 del Código Penal.
La empresa Bitfarms ha implementado notables medidas de mitigación, como el aislamiento acústico parcial de sus equipos para operar bajo los parámetros permitidos, además de ofrecer alternativas compensatorias en la etapa de mediación.
Sin embargo, los pobladores consideran insuficientes esas acciones y señalan que el daño ya hecho debe ser resarcido penalmente.
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Posible precedente para necesaria regulación
En Villarrica existen actualmente nueve granjas criptomineras operando, atraídas por el bajo costo energético del Paraguay. Así también, otras operan en otros departamentos.
Según datos de la ANDE, la empresa cuestionada consume alrededor de un millón de dólares mensuales en electricidad, lo que dimensiona la magnitud de su operación.
“Este caso puede ayudarnos a luchar por la regulación de este tipo industria”, insistió Arrúa, al tiempo de remarcar que lo que está en juego no es solo el ruido, sino la calidad de vida de comunidades cercanas a los establecimientos que operan en este rubro.
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