El Tribunal de Sentencias, presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Ana Rodríguez y Dina Marchuk, condenó a la funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, Mabel Corvlán Achucarro, a 2 años de privación de libertad; y a la oficial del Puesto Policial N° 002 de la Villa 24 de Junio de San Lorenzo, Nilsa Evelin Morel, a 1 año y 8 meses de prisión. En ambos casos con suspensión de la ejecución de la condena.
El Ministerio Público, durante el juicio, estuvo representado por la fiscala Natalia Cacavelos, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Los hechos atribuidos a la funcionaria municipal, Mabel Corvalán, son la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documento público de contenido falso y cobro indebido de honorarios, en calidad de autora; mientras que en relación con la policía Nilsa Morel, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Los actos de corrupción en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, específicamente en el departamento de expedición de licencias de conducir, fueron denunciados por el intendente Felipe Salomón Casola, ante el Ministerio Público.
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Durante el juicio quedó probado que tanto la funcionaria municipal como la agente policial, habían conformado un esquema y que este venía funcionando de manera prolongada, especialmente en la comuna sanlorenzana. El mismo consistía en el cobro de sumas de entre G. 25.000 a G. 30.000 cuando que por ley la expedición de documentos públicos, como el certificado de vida y residencia brindado por la Policía Nacional, se establece su gratuidad.
El caso inició en abril de 2023 y se llevaron a cabo todas las diligencias investigativas sobre Mabel Corvalán y la policía Nilsa Morela. Irónicamente, la condena de ambas se registró dos meses después de que el certificado de vida y residencia, de expedición gratuita, pero por el cual cobraban sumas de dinero, dejó de ser un requisito en las municipalidades para expedir licencias de conducir.
Funcionaria cobraba por documentos gratuitos
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 5 de abril, madre e hija fueron hasta la Municipalidad de San Lorenzo, donde fueron recibidas por Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito. Corvlán les entregó el formulario con requisitos para la expedición de licencia de conducir, entre ellos la entrega de certificado de vida y residencia.
Una de las requirentes le consultó, siempre según datos de la Fiscalía, cómo podía conseguir el documento a lo que Corvalán le manifestó que le iba a conseguir, pero ambas debían abonar la suma de G. 25.000. Es así que madre e hija terminaron pagando la suma total de G. 50.000 por el documento.
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Inmediatamente después, Mabel Corvalán incitó a la oficial Nilsa Morel del Puesto Policial Villa 24 de Junio a elaborar las constancias de vida y residencia para las dos mujeres. La agente asentó en el documento que residían en el lugar determinado y que concurrieron a la dependencia policial el 5 de abril de 2023, con dos testigos, cuando esto no ocurrió.
Es así, que para la elaboración del documento policial, Mabel Corvalán envío a través de WhatsApp a la oficial Nilsa Morel, fotografías de anverso y reverso de las cédulas de las solicitantes de la licencia de conducir. Una vez obtenidas las constancias, Morel las anexó a los legajos de madre e hija, respectivamente.
Según lo señalado por la Fiscalía, mediante las conductas desplegadas por Corvalán y Morel, se indujo al error a la autoridad municipal para la aprobación de la expedición de los registros de conducir.
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Allanamientos e incautaciones
El Ministerio Público obtuvo autorización judicial para llevar a cabo allanamientos, tanto en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo como a las casas de las hoy condenadas. Igualmente, se solicitó la autenticación de billetes a ser utilizados como evidencias en esta causa.
En ese sentido, de acuerdo con los datos, durante el allanamiento hecho en la comuna de San Lorenzo el mismo 5 de abril de 2023, se realizó la búsqueda de los billetes autenticados, que fueron encontrados dentro del bolso de Mabel Corvalán. Además, contaba la suma de G. 2.570.000.
De la misma forma, también se incautaron de los legajos de las mujeres que habían solicitado la renovación de su licencia de conducir.
También una comitiva fiscal-policial se constituyó en el Puesto Policial Villa 24 de Junio, donde se constató en el libro de registros policiales que madre e hija no fueron personalmente para el trámite para la expedición del certificado de vida y residencia. Además, se incautó un sello de la dependencia policial.
Por otra parte, a través de pericias al teléfono incautado a Mabel Corvalán se constató que la misma remitió varias fotografías de cédulas a la suboficial de policía Nilsa Morel, durante un extenso periodo de tiempo y el intercambio de mensajes por WhatsApp que daban cuenta de la operación sostenida entre ellas.
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Expedición gratuita y datos verificados
En el marco de la investigación, el Ministerio Público había recogido la declaración del personal policial del Puesto Policial Villa 24 de Junio, Diego Galeano Rodas, quien manifestó con relación a la expedición de la constancia de vida y residencia que quienes están “en la Ayudantía recibimos autorización de expedición del Sub Jefe en su caso, también las personas que se presentaban en forma presencial se le expedía pero siempre con la firma del jefe de comisaria”.
Añadió que, “en ocasiones el mismo jefe a subjefe expedía el certificado siempre debía de contar con la firma de un personal verificador, y el que estaba de guardia en la ayudantía firmaba dando el check de verificación”.
En otro momento, había indicado que “para la expedición de la constancia de vida y residencia no tenía un costo definido, no estimado en ninguna parte, pero en circunstancias las personas dejaba su aporte voluntario, pero nunca fue obligatorio ni exigencia. Hoy día ya está reglamentado por la comandancia que ya no tiene ningún costo”.