El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, resolución mediante conformó un equipo para investigar las transferencias entre el procesado en el caso “Pavo Real Py II” por narcotráfico y lavado de activos Alexandre Rodrigues Gomes - hijo del ex diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, y su abogado defensor Óscar Tuma.
En ese contexto designó a los fiscales José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, y la fiscala Diana Gómez Cuenca, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno.
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Los agentes del Ministerio Público ahora deberán tener acceso a los datos relacionados a dicha maniobra, registrada dentro de la causa que afronta Alexandre Rodrigues Gomes, y en la que están como coimputados dos banqueros y un administrador de casa de cambios.
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Cabe mencionar que Alexandre Rodrigues Gomes, fue detenido en la madrugada del 19 de agosto de 2024, durante un allanamiento a su casa de Pedro Juan Caballero. Ese mismo día fue imputado por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, quienes también solicitaron su inhibición general de enajenar y gravar.
Cambios en Registros Públicos y transferencias
De acuerdo con los antecedentes del caso, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, vía oficio remitido a la Dirección General de los Registros Públicos, ordenó que se registre la inhibición general de enajenar y gravar sobre el imputado Alexandre Rodrigues Gomes.
Sin embargo, en un momento determinado del 2024, se habrían modificado los datos de Alexandre Rodrigues Gomes, los cuales fueron reemplazados por Alexandra Rodrigues Jiménez y también se cambió el número de cédula. Con esta acción el encausado quedó desinhibido.
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En abril, la Fiscalía había solicitado la incautación de animales vacunos, así como el secuestro y la declaración como sujetos a comiso de establecimientos registrados a nombre de Alexandre. En ese mismo lapso, el abogado Óscar Tuma también solicitó la transferencia de algunos inmuebles de Alexandre, teniendo pleno conocimiento de que su cliente contaba con inhibición.
En mayo, el Ministerio Público solicitó al juzgado de Osmar Legal aplicar medidas cautelares sobre los inmuebles y en consecuencia, el juzgado remitió oficio a Registros Públicos para que se dé cumplimiento a las mismas, sobre nueve propiedades de Alexandre Rodrigues Gomes.
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Fiscalía se enteró de maniobra tras acción de Tuma
El abogado defensor de Alexandre Rodrigues, Óscar Tuma, por su parte planteó un recurso de reposición contra la resolución judicial de Osmar Legal. Tuma mencionó en su incidente que los bienes ya estaban en posesión de terceros de buena fe.
El magistrado entonces convocó a una audiencia al letrado y a la Fiscalía, oportunidad en la que Óscar Tuma puso en conocimiento de que en enero se había transferido dos de esos inmuebles en cuestión, en carácter de honorarios.
Tras enterarse de esto, el fiscal Andrés Arriola - titular del caso - se constituyó en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), poniendo en conocimiento a su vez de lo ocurrido a la directora del ente Lourdes González, que ordenó una auditoría.
Mediante el procedimiento administrativo se identificó a la persona que modificó los datos. Se trata de una mujer, con rango informático de supervisora. La misma fue separada posteriormente y el hecho fue denunciado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Luego de todo esto finalmente se trabaron las medidas cautelares sobre los bienes, que siguen registrados a nombre de Alexandre Rodrigues como los que fueron transferidos y están en posesión del abogado Oscar Tuma.
“Nadie borró nada de los Registros”, dice Tuma
El abogado Óscar Tuma, expresó a través de su cuenta de la red social “X” (anteriormente Twitter), que el 20 de agosto de 2024, la Dirección General de los Registros Públicos comunicó al Juzgado que inscribió la resolución judicial conforme a lo solicitado.
“Si algún nombre no fue correctamente individualizado en el oficio o si existió alguna omisión en la carga del sistema registral, ello no significa que alguien haya manipulado, ocultado o borrado datos intencionalmente”, manifestó.
“Si los fiscales de ese entonces hubieran leído el Oficio Nº 294, habrían advertido que la inhibición fue genérica y no individualizaba expresamente a mi defendido. Ese descuido es enteramente atribuible a quienes tenían el deber de impulsar diligencias claras y precisas. No fue una conspiración: fue una negligencia procesal”, acusó posteriormente.
“Dejen de mentir para encubrir sus propios errores. No se puede construir una causa penal sobre tergiversaciones y titulares”, expresó el abogado Tuma.
Así también Tuma cuestionó el actuar de la máxima autiridad judicial. “La Corte Suprema de Justicia no puede prestarse a esta jugada. No puede convalidar esta cadena de atropellos fundada en omisiones fiscales y errores administrativos. Vamos a seguir exigiendo transparencia, debido proceso y el fin de esta persecución sin pruebas ni legalidad”.