El análisis respecto a la prevención, atención integral y protección hacia las víctimas de violencia sexual es que hay fallas o “corto circuito”, según el psicólogo Aníbal Cabrera.
“Está fallando todo. El ámbito de promoción de derechos está fallando, el ámbito de prevención está fallando, el ámbito de atención integral está fallando, el ámbito de protección propiamente dicho también está fallando y el ámbito de restauración de derechos también falla”, cuestionó.
Dijo que el sistema de protección de niñez y adolescencia está desfinanciado, porque no tiene los recursos necesarios para funcionar y tampoco está territorializado.
“Muchos de estos planes o programas existen a nivel nacional, pero en la práctica, en el nivel municipal, en el nivel departamental no se financian, las Codenis no tienen los equipos técnicos suficientes para hacer toda la parte preventiva, para prestar servicios, para acompañar casos y situaciones”, manifestó.
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El análisis del profesional indica que en nuestro país se cuenta con una cadena de fallos a nivel estatal, históricamente, que hace que hoy los niños y las niñas se sigan “cayendo” del sistema de protección.
“Esa es una falencia que tenemos como estado. Eso es algo que se viene arrastrando ya desde hace años y falla, porque la estructura está en papeles, pero la aplicación es lo que falta. Tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia que es el año 2001”, indicó.
Planes para la niñez, desfinanciados
Mencionó la importancia de los planes, programas y protocolos que existen, sin embargo, criticó la falta de financiamiento de los mismos, la falta de voluntad política, principalmente a nivel municipal.
Agregó que otros factores son: el desarrollo de capacidades de las instituciones públicas y del personal para dar respuesta a esta situación.
“También tenemos una gran falencia en el ámbito de la justicia, que tiene que ver con esto de cómo el sistema penal es hipergarantista y se olvida del interés superior del niño o de la niña en cuanto al proceso penal donde lo termina poniendo como carga de prueba, poniéndole como objeto y no como sujeto de derecho a las víctimas y esto hace que sean revictimizadas por la redundancia una y otra vez”, añadió.
Reclamó la falta de un programa que acompañe a las víctimas de violencia y de abuso sexual con equipos terapéuticos, de psicólogos, trabajadoras sociales, e incluso, con psiquiatras infantiles.
Dijo que en Paraguay los psiquiatras infantiles en el ámbito de la salud pública prácticamente no existe, que en el sector privado hay algunos pocos, pero los costos de poder hacer esa consulta son demasiado elevados para que las familias puedan seguir un tratamiento adecuado.
“Si nosotros miramos los datos de Fiscalía de los últimos 10 años o 12 años, encontramos que hay cerca de 40.000 niños y niñas víctimas de abuso sexual registrado por el Ministerio Público. El Estado no tiene un circuito de seguimiento efectivo para saber si está escolarizado o no, si se embarazó por segunda, tercera o cuarta vez, o sea, hoy hay datos del Ministerio de Salud en donde ves que niñas que tienen menos de 18 años han sido madres por quinta y sexta vez incluso en distintos territorios del país. Eso quiere decir que desde los 10 años hasta los 17 de años, se han embarazado cinco o seis veces y no hubo una intervención o un abordaje efectivo para frenar la situación en la que se encontraba”, lamentó.
Recordó que el 84% de los casos que llegan a la Fiscalía ocurren en el entorno familiar cercano, “ahí hay una situación donde hay que reinsertar y reorganizar incluso la vida familiar y comunitaria de esas víctimas de violencia y abuso sexual”.
Finalmente, indicó que Paraguay tiene un desarrollo de marco legal sumamente avanzado, comparado con la región. “No es un problema legislativo, tenemos un problema de aplicación, un problema de abordaje y de enfoque también y un problema de presupuesto”.