Un grupo de víctimas de la estafa masiva conocida como la “mafia de los pagarés” se reunió la semana pasada con los ministros de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón para exigir medidas urgentes que alivien la crítica situación económica y emocional que enfrentan miles de afectados en todo el país.
Según los datos presentados por la Coordinadora de Víctimas, unas 17 mil personas habrían sido perjudicadas por este esquema fraudulento. De esa cifra, 15 personas ya se habrían quitado la vida, agobiadas por las deudas y procesos judiciales derivados de esta situación.
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Medidas de urgencia
Durante la reunión, los representantes entregaron un documento de 17 páginas, en el que proponen seis medidas concretas para frenar lo que califican como una grave crisis humanitaria y judicial.
Entre las propuestas presentadas figuran la creación de tribunales especiales para analizar exclusivamente estos casos, la designación de jueces especializados en juzgados de paz, la suspensión selectiva de embargos, el traslado de expedientes a los distritos de residencia de las víctimas, así como la elaboración de leyes con efecto retroactivo y la convocatoria a una cumbre de poderes para tratar el problema de forma integral.
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“Nosotros tenemos 500 víctimas registradas en nuestra organización, pero a nivel nacional ya identificamos a más de 1.100. Es un proceso incipiente aún, muchas personas siguen calladas por miedo, desconocimiento o por el estigma social”, explicó Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora.
El dirigente señaló que la mayoría de las víctimas son docentes, jubilados, policías, trabajadores de salud e incluso funcionarios de entes públicos como Yacyretá, quienes sufren embargos sin haber sido notificados, ni contar con defensa adecuada en juicio.
“Se han cometido irregularidades gravísimas en los juzgados. Hubo embargos directos sin proceso ni análisis de jueces. Incluso, empresas ya contaban con las firmas de magistrados y elaboraban las resoluciones por su cuenta. No se respetaron derechos fundamentales”, denunció Coronel.
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Corte estudiará propuesta
Desde la Corte, los ministros se comprometieron a analizar los seis puntos propuestos y dar una respuesta en un plazo de 22 días, según confirmaron los voceros de la Coordinadora.
“A este ritmo de resolución, si se analiza un caso por día, se necesitarían 71 años para resolver los 17.000 expedientes. Es una locura. Y con esto la gente no va a llegar ni a 5.000 casos solucionados. Es una cuestión de derechos humanos y urge una respuesta excepcional”, expresó Coronel con firmeza.
Los afectados reiteraron su disposición a colaborar con la Justicia y con el Parlamento para alcanzar soluciones reales, pero advirtieron que la situación es crítica e insostenible: muchas familias están pasando hambre y no pueden cubrir sus necesidades básicas debido a los embargos injustos.