El concejal de Asunción Humberto Blasco (PLRA), criticó ayer que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), no haya utilizado el sistema integrado de administración municipal por el que se pagaron US$ 3 millones. Blasco recordó que el sistema fue adquirido hace más de 2 años, como consecuencia del advenimiento del contrato con el Consorcio TX.
El concejal señaló que la existencia de este sistema fue un hallazgo de la intervención, dado que la información que había recibido la Junta Municipal de la Intendencia, era que se estaba integrando el sistema informático por etapas, a las distintas dependencias de la comuna. Agregó que a su parecer, el tiempo transcurrido debía haber sido suficiente para concluir ese proceso de integración.
Lea más: Asunción: sin 3.000 funcionarios, podrían reestructurar la deuda, dice interventor
Blasco consideró además que la falta del uso de esta tecnología, por la que se pagó un alto costo, significa “una debilidad de control muy importante. Se desarrolló el sistema, pero no se puso en línea, lo cual dificulta tener en tiempo real esa información (sobre el trabajo de los funcionarios). Al ser procesado después de 48 horas ya puede ser alterado”, dijo.
El edil criticó además que tampoco se desarrolló, como se había anunciado, un sistema de control biométrico móvil, “que permita que los funcionarios que están, por ejemplo, en vialidad, haciendo trabajo de reparación de la vía pública, puedan marcar en el punto de encuentro de las cuadrillas”. Blasco insistió en que la falta de mecanismos de control efectivo solo alienta la discrecionalidad.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sistema está, pero no se usa, confirma directora
Emi Moriya, directora interina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción, confirmó a ABC que el sistema existe, pero que no se usa. “Existe el sistema de gestión de recursos humanos, pero no está implementado”, dijo.
Moriya agregó que los sistemas informáticos que utiliza esta dirección son los de liquidación de salarios, que a su vez están divididos en dos. “Uno sirve para la liquidación de haberes de nombrados, contratados, honorarios profesionales y algunos funcionarios de la Junta, como defensor y vice defensor. Y existe otro sistema que corresponde a la liquidación de salarios también, de los jornaleros”, dijo.
Lea más: Álvaro Grau plantea echar funcionarios de la Municipalidad de Asunción para reducir gastos
La directora recordó que pese a que los funcionarios registran electrónicamente su ingreso, los relojes biométricos no están en línea, por lo que los datos son retirados manualmente de las máquinas de forma quincenal. Explicó que esto dificulta seriamente la obtención de datos en tiempo real y, por ende, el control diario de la presencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo.
Moriya adelantó que, junto con los hallazgos de otras direcciones y dependencias de la comuna, la información de lo encontrado en la Dirección de Recursos Humanos también estará plasmada en el informe final del equipo interventor, liderado por Carlos Pereira.
Censo llegó al 75%
Al iniciarse el proceso de intervención, se encontraron en la Municipalidad, 9.119 funcionarios. Para determinar dónde están y qué funciones prestan, se inició un censo. La directora de Recursos Humanos señaló que el análisis de los datos obtenidos en el censo está avanzado en un 75% del total de los censados.
Lea más: ¿Y los 500.000 millones? Nenecho gastó casi la mitad del dinero en salarios, confirma interventor
“Avanzamos hasta 5.231 censados, correspondiente hasta el 2023. Para poder completar el universo, estamos cargando lo del 2025, esa porción que falta, que serían 3.600 funcionarios aproximadamente”, dijo.
Moriya reiteró que la intervención tiene el objetivo de dejar un censo lo más actualizado posible y que “lo restante lo tendrían que ir haciendo los funcionarios, pero por lo menos está cargado hasta el 2023″, agregó.
La intervención y Nenecho
Aprobada por la Cámara de Diputados, la intervención a la administración de Nenecho comenzó el 24 de junio y se realiza a pedido de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó un desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, punto denunciado por ABC el año pasado. Además, el intendente dejó la institución en crisis financiera, con millonarias deudas y una superpoblación de funcionarios. El interventor, Carlos Pereira, dijo que el proceso, de 60 días, terminará en el plazo, o sea, irá hasta el 23 de agosto.