Carlos Pereira, interventor de Asunción, dijo a ABC Cardinal que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), entregó a la intervención una municipalidad “moralmente destruida” y dejada a merced del cuoteo político. Agregó que, pese a la existencia de 27 sistemas informáticos diferentes, no encontró uno solo que le permita a la comuna ejercer el control de sus propios procesos.
“Esto fue como un loteamiento, es como que esta parte puede estar administrada por tal o cual sector. Eso hace que la administración no tenga una coordinación, no tenga un orden y no se respeten los delineamientos, inclusive los procedimientos administrativos normados por ellos mismos”, criticó.
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Pereira cuestionó que se hayan discontinuado procedimientos automatizados que hubieran permitido tener trazabilidad y control. “Es muy sencillo, el control, cuando está ausente, todo puede ser vulnerado, todo puede ser vulnerable”, dijo.
“Si vos venís a pagar hoy tu impuesto, la contabilidad en 20 días recién vuelve a registrar ese comprobante de ingreso. Cuando eso debe estar integrado en el momento del pago”, dijo y reclamó que hoy el contribuyente tenga que ir con la copia de lo que pagó para demostrar que lo hizo.
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Descontrol y problemas financieros
El interventor señaló al descontrol administrativo como una de las principales causales de la crisis financiera. “En una administración donde el control está ausente, está a la vista las derivaciones y las repercusiones que eso tiene, que finalmente impacta en el presupuesto”, dijo.
Agregó que el presupuesto “es el lugar donde se concentran todos los problemas” y que, equivocadamente, la comuna ha venido abordando esos problemas financieros tomando más deudas. “Los problemas financieros hay que diagnosticar en dónde se originan, por qué y cortar de raíz”, reclamó.
Pereira dijo que, antes de contraer deuda, la comuna debió haber racionalizado y mejorado la calidad de sus gastos, sobre todo en lo que respecta al gasto de personal.
“Hoy, la digitalización de los procesos hace que la combinación del esfuerzo humano con la tecnología, no solamente redunde en mayor optimización, sino en la posibilidad nula de que puedan ser vulnerados”, agregó.
Recibió informe sobre el Mercado 4
El interventor señaló que hoy mismo recibiría un informe de Alejandro Buzó, director interino del Mercado 4, respecto a las declaraciones sobre el aumento del 80% de las recaudaciones, tras la salida temporal del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez. Al respecto, Buzó había llamado la atención sobre el cese de la extorsión a los permisionarios del mercado con cobros “paralelos”, denunciados por ellos, en coincidencia con el aumento de las recaudaciones.
Pereira adelantó que, en conversaciones con Buzó, el director interino ya le reportó irregularidades como “discrepancias grandes” entre lo que los permisionarios pagan en concepto de canon municipal por sus espacios en el mercado y lo que realmente corresponde que paguen.
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También reportó la continua adición de nuevas casillas en un mercado sobrepoblado, sin espacio físico, lo que, además de ser un problema administrativo, podría convertirse en un riesgo de seguridad. “Si allí ocurriera algún incendio, los camiones hidrantes o ambulancias no van a poder acceder”, dijo.
Agregó que el informe presentado por Buzó será analizado por el equipo jurídico de la intervención para evaluar la posibilidad de eventuales denuncias ante el Ministerio Público, como las que ya se están preparando por irregularidades como duplicaciones de planos en la Municipalidad.
¿Y el dinero de los bonos?
Pereira reiteró que está por culminar el análisis de la trazabilidad de los G. 500.000 millones en bonos, que debían ser utilizados exclusivamente para obras de infraestructura, principal causal del pedido de intervención por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
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Refirió que los gastos aún están siendo revisados para determinar su composición, en qué porcentaje el dinero que debía ser utilizado en un cien por ciento para obras fue desviado a sueldos, mantenimiento de vehículos, alimentación y otros gastos corrientes.
El informe de la CGR, emitido en julio del año pasado, confirmó el desvío del dinero de los bonos, denunciado por ABC y derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene una causa abierta. Nenecho está imputado, además, por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia, donde la Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.