Denuncia contra uno de los hijos del exministro Fretes queda en “oparei”

La denuncia presentada por un abogado contra otros tres profesionales del derecho, entre ellos Asdrúbal Fretes, hijo del exministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, fue desestimada por un juzgado de Garantías, a pedido del Ministerio Público. El letrado reclama que los denunciados, en contubernio con un exrepresentado suyo, se apropiaron de sus honorarios por G. 2.400 millones.

Asdrúbal Fretes Valenzano aparece junto a su pareja, Adriana Florentín Oliver, relatora de la Corte Suprema.
Asdrúbal Fretes Valenzano aparece junto a su pareja, Adriana Florentín Oliver, relatora de la Corte Suprema.Archivo, ABC Color

Por pedido de la fiscala adjunta Soledad Machuca, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera desestimó la denuncia contra Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes, por supuesta apropiación, lesión de confianza y asociación criminal. La decisión de la magistrada favorece también a los abogados Luis Fabrizio Arza Basualdo y Fernando Eulalio Arrúa León.

El Abg. Mario Benítez Acuña fue quien presentó en el 2021 la denuncia en contra del hijo del exministro Fretes y otros letrados, por supuesta apropiación, lesión de confianza y asociación criminal, con el argumento que estos, en contubernio con el señor Alberto Lezcano Casco, se apropiaron de sus honorarios que llegan a la suma de G. 2.400.000.000.

Según el denunciante, él tuvo que haber percibido la suma mencionada por haber representado legalmente a Lezcano Casco en un juicio por cobro de guaraníes por resarcimiento de daño moral e intereses correspondientes, en el año 2006, a raíz de su despido injustificado como gerente del Banco Nacional de Fomento, en la sucursal del Mercado de Abasto.

Actuación del hijo de Fretes

En su denuncia el letrado relata que en el año 2009 firmó contrato con Lezcano Casco, acordando el pago de sus honorarios en el 20 por ciento de lo obtenido en el juicio laboral.

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Sin embargo luego de un fallo favorable en primera instancia, un Tribunal de Apelaciones resolvió anular la decisión e instó a la parte actora a recurrir al Tribunal de Cuentas, a fin de exigir el pago de indemnización.

Fue ahí que el accionante recurrió a Asdrúbal Fretes, Luis Arza y Fernando Arrúa, dejando de lado al letrado con quien firmó contrato; y el 14 de noviembre de 2018 obtuvo el pago por parte del Banco Nacional de Fomento, correspondiente en la suma de G. 12.000 millones, que incluye el 20 por ciento de los honorarios acordados, de acuerdo con el denunciante.

Hasta hoy la Contraloría aguarda el descargo del exministro de la Corte Antonio Fretes sobre sus millonarios bienes.
Antonio Fretes, exministro de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante según el Abg. Mario Benítez, el accionante no cumplió con lo pactado y junto al grupo de abogados se apoderaron de los G. 2.400 millones que el mismo debió haber percibido como honorarios profesionales.

Argumentos del Ministerio Público

El fiscal Marcelo Saldívar, quien tuvo a su cargo investigar la denuncia presentada contra el hijo del exministro Fretes y los demás abogados, argumentó su pedido de desestimación señalando que la conducta de los denunciados no puede ser incursada en los hechos de apropiación, lesión de confianza, estafa y asociación criminal.

El agente del Ministerio Público agregó que “el denunciante no ha sido desplazado en su derecho de cobro de honorarios profesionales, además Mario Edmundo Benítez Acuña ha promovido un juicio ordinario de cobro de honorarios tal como se ve en las documentaciones adjuntadas al cuaderno de investigación fiscal”, según resalta parte del escrito por el cual pidió la desestimación de la presente denuncia.

Fiscal Marcelo Saldívar, encargado de la investigación.
Fiscal Marcelo Saldívar, encargado de la investigación.

Primeramente la jueza Cynthia Lovera devolvió el expediente al fiscal Marcelo Saldívar, quien ratificó en su pedido; en consecuencia la magistrada imprimió el trámite de oposición y dejó el caso a cargo de Fiscalía General. Fue así que la fiscala adjunta Soledad Machuca confirmó la postura y el caso quedó en “oparei”.

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