Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora de víctimas de la “mafia de los pagarés”, afirmó que desde hace semanas reiteraron la solicitud de audiencia, pero que hoy, al llegar al Palacio de Justicia de Asunción, personal de seguridad les informó que no serían recibidos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Sentimos de que la Corte está dando la espalda a la gente humilde, a las víctimas, a las personas que sufren”, lamentó Coronel.
El activista recordó que esta red de estafas surgió dentro del propio Poder Judicial y que varios juzgados siguen vinculados a ella. También expresó que la máxima autoridad del sistema judicial debería asumir su responsabilidad de controlar y frenar estas prácticas.
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Propuestas y reclamos inmediatos
Según Coronel, uno de los puntos que querían plantear era la adopción de medidas urgentes mediante acordadas, como la designación de jueces especiales, el traslado rápido de expedientes y la ampliación del horario de atención, incluyendo los sábados, para facilitar el acceso de las víctimas.
Actualmente, miles de afectados aún no han podido registrarse en la plataforma del Senado por falta de documentos. La Coordinadora estima que hay unas 17.000 personas perjudicadas, lo que representa igual número de familias.
El drama de una víctima: cáncer, embargo y desesperación
Durante la manifestación, Sandra Coronel, una de las afectadas, relató su situación. En 2014 comenzó el embargo de sus bienes y en 2024 fue diagnosticada con cáncer. Además, es madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Denunció que de su salario mensual -de poco más de G. 4.000.000- le retiran cerca del 75%, muy por encima -dijo- de lo que establece la ley para embargos judiciales. Esto le ha impedido cubrir tratamientos médicos y terapias para su hijo.
“De una deuda de dos millones, ellos la inflaron a G. 60.000.000. Y eso es solo uno de los casos que tengo. Vivo con esta carga desde hace más de diez años”, contó Coronel.
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Un conflicto que crece
La Coordinadora anunció que continuará con las movilizaciones y brigadas en distintos juzgados del país hasta que la Corte Suprema escuche sus reclamos y adopte medidas concretas contra lo que denominan la “mafia de los pagarés”.