El costo de las habitaciones varía de G. 30.000 a G. 60.000, según el turno elegido (hay tres) y si desea contar con aire acondicionado, debe pagar G. 50.000. La tarifa no corresponde a una promoción lanzada por un motel, sino a los precios establecidos para el usufructo de las “privadas” en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE).
Los datos forman del informe elaborado por las juezas penales de Ejecución Luz Rossana Bogarín, Cynthia Sostoa y Sandra Kirchhofer tras una inspección general realizada el 21 de mayo pasado a la mencionada penitenciaría, ubicada en el predio contiguo a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El documento es una muestra más de que las visitas a personas privadas de libertad se han convertido en una fuente de ingreso irregular en las cárceles, al igual que muchos otros rubros. En el caso específico de las privadas, detallado en el informe mencionado, los cobros son realizados por reclusos con anuencia de los agentes penitenciarios, que son los que reciben los ingresos y se encargan de la repartición.
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Los turnos más caros de la UPIE
En la UIPE hay doce habitaciones destinadas para las visitas conyugales de los internos, ubicadas en la planta baja del penal, y el funcionamiento está a cargo de otro recluso.
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“Quienes desean utilizar las habitaciones de la visita privada deben hacerlo previo agendamiento y existen tres turnos que se dividen de esta forma: i) primer turno: 08:00 a 11:00 horas con un costo de G. 30.000, no se expide recibo; ii) segundo turno: 11:00 a 16:00 horas con un costo de G. 30.000, no se expide recibo, y; iii) tercer turno: 16:30 a 18:00 horas con un costo de G. 60.000, no se expide recibo. En cualquiera de los turnos, quienes opten por la habitación con aire acondicionado, esta tiene un costo de G. 50.000, no se expide recibo”, precisan las magistradas en su reporte.
Agentes penitenciarios reparten ganancias del uso de privadas
“Los ingresos percibidos en el día los entrega el interno a cargo a los guardias del sector y las ganancias se dividen entre aportes para la Dirección y otro interno que ayudó con inversión económica a refaccionar la dependencia de las visitas privadas”, agregan las magistradas en el informe.
La insólita situación detectada fue comunicada al ministro Rodrigo Nicora través de una nota que ingresó al Ministerio de Justicia el 6 de junio pasado, a las 11:13.
Otra irregularidad constatada por las juezas es que las planillas de asistencia laboral carecían de firmas del supervisor y del encargado del área laboral de la UPIE y en distintos sectores se observaron a reclusos encargados de la supervisión de las demás personas privadas de libertad.
La UPIE, destinada únicamente a condenados, tiene una capacidad para albergar a 288 personas privadas de libertad y en ocasión de la inspección judicial tenía 220 internos.
El usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo son algunos de los internos recluidos en la penitenciaría Esperanza.