Docentes de varias localidades de Guairá protagonizaron en la mañana de este jueves una manifestación en repudio a la intención del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de anular la totalidad de los exámenes del último concurso docente, tras las denuncias de fraude.
Los maestros cuestionaron que, en lugar de identificar y sancionar a los presuntos responsables del fraude, se pretenda invalidar la totalidad de los exámenes, lo que afectaría a quienes se prepararon con exigencia y dedicación. Argumentaron que muchos docentes invirtieron primero para obtener su título y después para formarse específicamente para rendir estas pruebas, por lo que la anulación representaría una doble sanción.
Albino López, docente de la ciudad de Independencia, lamentó que “la totalidad de los participantes en estas pruebas sean afectados”, y criticó que, mientras el gobierno proclama mejoras, las instituciones siguen “sumidas en escándalos por planillerismo, nepotismo y corrupción” que no son investigados.
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Con pancartas, exigieron también la renuncia del Ministro de Educación, Luis Ramírez, atendiendo su falta de idoneidad y criterio responsable sobre las situaciones críticas.
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El Ministerio de Educación anunció la suspensión del concurso tras detectar supuestas evidencias de fraude en el operativo del 20 de agosto, que abarcó varios departamentos, incluyendo Guairá .
En contraste, los resultados del operativo de julio —que fue realizado en Asunción, Central, Alto Paraná, Ñeembucú e Itapúa— no se verán afectados, según el MEC. Los docentes que aprobaron esa instancia ingresarán al Banco de Datos.
La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) pidió que el MEC reanude el proceso en los sitios donde no se detectaron irregularidades, asegurando que aquellos que aprobaron puedan avanzar hacia el Banco de Datos sin ser penalizados. En particular, la FEP insistió en que el primer operativo también se respalde, insistiendo en el derecho de los docentes que cumplieron con los requisitos a ser reconocidos formalmente.
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Por otra parte, la OTEP-Auténtica expresó su rechazo categórico a la anulación completa de los exámenes y exigió una revisión inmediata de los puntajes, conforme a la normativa vigente. El sindicato argumentó que los docentes hicieron un esfuerzo económico considerable para rendir la prueba y que anular los exámenes equivaldría a un “perjuicio colectivo injustificado”.