Poco después que Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - HC) haya renunciado a su cargo de intendente de Asunción, advertido de su posible destitución, el interventor de su administración, Carlos Pereira, presentaba ante el Ministerio del Interior su informe final, que incluye 19.589 páginas foliadas en 45 biblioratos.
El reporte, sin embargo, nunca llegó a la Cámara de Diputados, aunque la Ley 317/94 indica que debía remitirse de manera inmediata. Ante la presión de la ciudadanía, ayer el Ministerio del Interior publicó todos los documentos en su web. El despilfarro con dinero público que prueban estos papeles es de proporciones dantescas.
Pereira afirma que la figura de la cuenta única, utilizada como argumento para desviar el dinero de los bonos G8 y G9, es “jurídicamente ilegal”. Los G8, por G. 360.000 millones, se emitieron en 2022 para la realización de 8 cuencas pluviales. Solo comenzaron cuatro, que apenas avanzan. Los G9 se emitieron en 2023, para pagar intereses de los bonos anteriores, por G. 195.000 millones.
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Además, el uso del dinero de los bonos mediante la “cuenta única” viola la Ley Orgánica Municipal, “que prohíbe de manera expresa la utilización de operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”, según el informe.
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Prácticas ilegales de Nenecho, con nefastas consecuencias
Para el interventor, estos hechos concluyen con “el resultado terrible que tales prácticas ilegales han tenido en la gestión de la administración fallida” que por eso debió ser intervenida.
Los documentos prueban el uso de los bonos para pagar desde salarios, aguinaldos y bonificaciones inclusive a concejales, por ejemplo a quien asumió ayer como intendente, Luis Bello (ANR - cartista), hasta la guardería de hijos de los funcionarios, la ANDE y aporte a los sindicatos. Un 93% de estos fondos se usó en gastos corrientes.
Además, se detallan otros hechos, que podrían ser punibles, por ejemplo, una discrecionalidad extrema en la fijación de precios para la venta de inmuebles municipales; el caos administrativo, financiero y en recursos humanos; y la existencia de 53.280 juicios de cobranza, con una cartera reclamada de US$ 109 millones.
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Pereira termina su informe afirmando que “Quebrantar la confianza del público (...) tiene alcances más allá de la sola gestión pública financiera. Tiene efectos políticos y sociales profundos”. Recomienda firmeza en la corrección de lo que llevó a la “grave situación” confirmada durante la intervención.
Director de Contrataciones Públicas cobró G. 7.868 millones
Además del fuerte reporte, Pereira presentó cinco denuncias de hechos punibles ante la Fiscalía, donde ya está abierta una causa por el desvío de bonos y otra por compras hechas en pandemia, en la cual Nenecho está imputado por asociación criminal y lesión de confianza.
Entre los documentos se detalla cómo la administración de Nenecho fue sacando dinero de la cuenta de los bonos G8. Acorde el reporte, el 16 de mayo de 2023, fueron transferidos de la cuenta en el banco Basa, a la cuenta del abogado y actual director titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina Pérez, G. 7.868.181.818, esto es unos US$ 1 millón.
Empresas fantasma vuelven a aparecer
La intervención evidenció compras a varias empresas que ni siquiera existían en las ubicaciones declaradas, incongruencias en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y sospechosas operaciones, también observadas en trabajos previos de la Contraloría.
El informe señala que la empresa Central-Todo para la oficina, propiedad de Marcos Goldemberg, era un domicilio declarado que estaba cerrado y sin aparente atención al público. Esta empresa, el 4 de octubre del 2022, habría proveído dos facturas por el mismo valor y concepto.
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Además, la Municipalidad compró 18 kg de lomito de la empresa Más Carne SA por G. 873.000, lo cual, según el informe, “no representa una erogación razonable”.
Empresas hermanas
De manera similar, la Publicitaria M&M, de Yessica González, tampoco fue localizada en su dirección Madrinas de la Guerra del Chaco N° 2736 casi Félix Bogado. Según la DNIT, su RUC se encontraba bloqueado. Otra proveedora, la Ferretería Dieguito, compartía la misma dirección fantasma declarada por M&M.
Caso similar se repite con Ferretería Carli e Imprelib, que coinciden en la dirección declarada, aunque no existía el local físico.
Las empresas Autoservicio José Adrián, de Miguel Ríos; AC Comercial, Casa Pettirossi, de Nilo Salinas; Comercial Santa Eduwigges y Prestigio del Sur SRL tampoco fueron ubicados en sus domicilios declarados ante la DNIT.
Firmas como Marilia Industrial SRL y Corporación Agartha SA, vinculadas a Jorge Velilla Cabriza y su pariente César Mafaldo Velilla Cabriza, ya figuraban en la rendición de fondos de emergencia por el covid-19. Ambas aparecen en listados de pagos del bono G8 por “alimentos para personas” hasta mediados del 2023.
Empresas mimadas de Nenecho
Además, la Ferretería Cova, de Juan Rodríguez, proveedor del “detergente de oro” y uno de los 22 imputados en el caso, fue nuevamente beneficiado con compras directas hasta finales de mayo del 2023.
El informe de intervención destaca otros dos casos de incongruencia entre lo declarado por las empresas con la factura presentada por la Municipalidad de Asunción.
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En la rendición apareció una factura por valor de G. 5.661.769 de la empresa 19 de enero SRL el 19 de diciembre de 2022. Sin embargo, la factura no fue declarada en la DNIT.
Lo mismo ocurre con una factura supuestamente emitida por Rosa Capli de Carlson, por G. 200.417.400 el 28 de julio de 2022. Según DNIT la empresa no reportó ventas a la Municipalidad de Asunción durante ese periodo fiscal.