Ante la jueza de Garantías Alicia Pedrozo inició hoy la audiencia preliminar para los ex directivos de Mocipar, el exdiputado colorado Dany Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Britos Ocampo de Román, Favio Britos Ocampos y María Espínola Durand; acusados de supuesta estafa y asociación criminal.
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Tanto los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz, Domínica Zayas y Silvio Alegre, como la querella adhesiva, representada por los abogados Gessy Ruiz Díaz y Secundino Méndez, se ratificaron en su acusación y solicitan a la magistrada que eleve a juicio la presente causa.
Por su parte las defensas plantearon incidentes de prescripción, excepción de falta de acción, nulidad de la acusación y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de los ex directivos de Mocipar.
Esta es la tercera acusación contra Durand y los demás exdirectivos de Mocipar: En la primera causa la Cámara de Apelaciones confirmó el mes pasado que el juicio oral estará a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos; mientras que en la segunda la causa, el pasado 21 de agosto el juez de Garantías Mirko Valinotti admitió la acusación y elevó a juicio oral y público el proceso por presunta estafa.
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Perjuicio a clientes de Mocipar por G. 665 millones
Esta causa causa, que ahora va a juicio oral, se inició con la denuncia presentada por 31 clientes del Grupo Mocipar, quienes señalaron que entre el 2006 e inicios del 2020 fueron víctimas del esquema de estafa que arrancó con el ofrecimiento para la adquisición de bienes como vehículos, inmuebles y electrodomésticos, a precios accesibles, en el programa “Domingo en Familia”, que era transmitido por televisión y estaba a cargo del propio Dany Durand.
Según la acusación los representantes de Mocipar se comprometieron a la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o construcción de las mismas y a suministrar electrodomésticos, sin embargo, luego de haber pagado durante años las cuotas y haber cumplido con lo establecido por los directivos de la empresa, los clientes no recibieron nada como contraprestación.
El perjuicio patrimonial que sufrieron las 31 víctimas del esquema de estafa presuntamente implementado por la firma Mocipar, es de G. 665.004.000, de acuerdo con los informes remitidos por la Sindicatura de Quiebras a la Fiscalía.
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Al respecto la acusación resalta los representantes de Mocipar, ahora acusados, no tenían la capacidad económica para cumplir con los compromisos asumidos, por no disponer de la cantidad de bienes comprometidos con los clientes, circunstancia que según los fiscales de la causa, se acredita con la gran cantidad de casos ingresados ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.
La audiencia preliminar continuará este martes 2 de setiembre, a las 8:00, con la contestación del Ministerio Público y la querella sobre los incidentes planteados por las defensas de los acusados.