Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, de la Sede 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, respectivamente pidieron al Juzgado Penal de Garantías la reapertura de causa al senador colorado cartista Hernán Rivas. Al mismo tiempo, lo acusaron en relación con su presunto título falso de abogado.
Los hechos acusados por las fiscalas son la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. En ambos casos, en calidad de autor.
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El juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios admitió el pedido de reapertura y el requerimiento conclusivo del Ministerio Público. En este contexto, fijó para las 8:00 del próximo 17 de setiembre la realización de la audiencia preliminar al senador Hernán Rivas.
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Cabe señalar que el 5 de setiembre de 2024, el magistrado había decretado el sobreseimiento provisional al senador Hernán Rivas. Esto a pedido de la fiscala Sánchez, con la finalidad de poder concretar ciertas diligencias pendientes y obtener más elementos para la causa.
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Rivas no cursó carrera, según acusación fiscal
El 3 de junio de 2020, Hernán Rivas fue elegido como representante de la Cámara de Diputados como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), lo que se plasmó en la Resolución N° 1.438, en la cual se hizo constar que cumplía con los requisitos del artículo 253 de la Constitución Nacional, que exige la calidad de abogado para tal acto, según el escrito acusatorio presentado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero.
Es así que, para lograr esa designación y sostener su condición de abogado, Hernán Rivas contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo del 2018 y un título del 9 de junio del 2020. Ambos documentos fueron emitidos por la Universidad Sudamericana.
En esos papeles se acreditaba que el hoy acusado Hernán Rivas cursó la carrera universitaria de derecho, entre el 2010 y el 2015, en forma contraria a la realidad, siempre de acuerdo con el escrito fiscal.
Tanto el certificado de estudios como el título universitario fuero “emitidos de manera formal por la Universidad Sudamericana, lo consignado en ellos no se adecua a la realidad, puesto que no existe ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de lo que ambos instrumentos certifican, así como circunstancias fácticas que conlleven a dicha conclusión”, dice la acusación.
Documentos no tienen sustento legítimo, dicen
La Fiscalía afirma que las documentaciones referentes a Rivas fueron elaboradas y legitimadas sin evidencia académica respaldatoria que así lo certificara, pasando por alto las claras inconsistencias en el certificado de estudios.
En ese sentido resalta que el rector Euclides Acevedo Candia, el decano Oscar Rodríguez Kennedy y la secretaria general Nancy Barúa Mosqueda, simplemente se limitaron a firmar un documento que había sido confeccionado por los anteriores encargados de la Universidad, situación igualmente referida por el asesor jurídico Hermann José Weisensee Samson.
“(...) por tanto, estas documentaciones fueron elaboradas y legitimadas sin evidencia académica respaldatoria que así lo certificara, pasando por alto las claras inconsistencias en el certificado de estudios, pues cómo pudo ser proveído en el año 2015 por la administración anterior, cuando que la tesis fue presentada recién en junio del 2016, momento para el cual la carrera de Derecho ya había sido clausurada por disposición de los propios integrantes de la nueva administración”,
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Rivas usó documentos falsos ante la Corte para obtener matrícula
La acusación de la Fiscalía agrega, que el 11 de junio de 2020, Hernán Rivas solicitó la expedición de su matrícula a través de la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Palacio de Justicia de Asunción.
Para ese procedimiento, Rivas “adjuntó a su solicitud de matrícula, un certificado de estudios del 12 de mayo del 2018, sin número, y un título que fue registrado por el MEC el 9 de junio del 2020, pero que consta emitido el 6 de marzo de 2020, ambos emitidos por la Universidad Sudamericana, con lo que sostuvo que cursó la carrera universitaria entre los años 2010 al 2015”, señala el escrito fiscal.
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Finalmente, el 7 de julio del 2021, Hernán David Rivas Román juró como abogado ante la entonces ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica (+) y firmó el Acta N° 4.773 de esa fecha, en la que se dejaba prueba del juramento de desempeñar la profesión de abogado. El 11 de ese mes, presentó copia autenticada de su matrícula ante el JEM para acreditar su calidad de abogado.
Ya el 6 de julio de 2023, Hernán Rivas fue nuevamente electo como representante ante el JEM, pero esta vez de la Cámara de Senadores. La decisión fue emitida por Resolución N° 21 de esa fecha. Para acreditar su condición de abogado, volvió a presentar todos los documentos que había utilizado cuando era integrante de la Cámara de Diputados.
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Estudiantes no conocen a Rivas
La acusación se centra en el hecho de que Rivas no pudo haber cursado sus estudios de Derecho y que esto se demuestra en el hecho de que ninguno de sus compañeros de promoción lo conoce, lo que se suma el trayecto que supuestamente recorrió para asistir a clases.
Pero a esto se agregan también las inconsistencias en las cargas horarias académicas.
A modo de ejemplo, las fiscalas citan que según el certificado de estudio Rivascursó la materia Derecho Penal I con 108 horas de clase en el mes de julio de 2012.
“Sin embargo, en dicho año el primer día hábil del mes comienza con el lunes 2 y termina en martes 31, por lo que al hacer el cálculo matemático da 88 horas cátedras”, indica la acusación.
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La fiscalas traen a colación que el testigo de la defensa, Mario Reyes (profesor de las materias de Ciencias Jurídicas y Procesal Civil) refirió que las clases eran impartidas generalmente una vez por semana. “Tomando en cuenta esto, las horas cátedras que se deben cumplir para una materia universitaria son de cumplimiento imposible; sumado al control displicente ejercido por parte del Ministerio de Educación y Ciencias”.
“Estudió” en Luque, Pedro Juan y en el Este
Hernán David Rivas Román cursó las asignaturas del plan de estudios de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades de la sede de Luque, sin embargo, el actual legislador siempre residió en la ciudad de Tomás Romero Pereira, localidad de María Auxiliadora - Dpto. de Itapúa, es lo que manifiesta la fiscalía en su acusación.
El Ministerio Público señala que en el año 2018 fue elegido diputado en representación de dicho departamento, pero antes de eso, se encontraba afectado en carácter de funcionario a la Gobernación de Itapúa desde el año 2013 hasta junio de 2018.
“En base a las reglas de la lógica y la experiencia que rigen la ponderación del insumo probatorio, es cuando menos dificultoso concluir –bajo esas premisas– que el acusado se hubiera trasladado 352 kilómetros aproximadamente todos los días desde la localidad de María Auxiliadora en el Dpto. de Itapúa hasta la ciudad de Luque para asistir a clases presenciales, teniendo presente que a partir del año 2013 cumplía un horario laboral en la Gobernación de 07:00 a 13:00”, dice la acusación.
La acusación refiere que en una entrevista radial que brindó en diciembre de 2023, se pudo escuchar claramente al senador Hernán David Rivas Román manifestar que abía cursado la carrera de Derecho en la filial de Pedro Juan Caballero.
Sin embargo, el legislador no pudo brindar detalles sobre compañeros, materias cursadas o profesores que estuvieron a cargo de impartir las diferentes cátedras;
“Estos datos, si bien pudieron ser proporcionados en forma errónea debido a la presión periodística del momento, no es una afirmación que pudo haberse sustentado en los documentos colectados; además, no fueron dichas en una sola ocasión, sino que en el año 2020 se había expresado en los mismos términos ante el medio periodístico Abc color”, refiere la acusación.
Lo paradójico del caso es que la misma universidad informó que entre el 2009 y el 2023 en Pedro Juan Caballero solo existían las facultades de medicina y enfermería, dice la acusación. Pero la cuestión no termina allí porque la Fiscalía recuerda la declaración de un testigo en el año 2020, Hermann Weisensee Samson, “a Abc color en la cual refirió que el Sr. HernánDavid RivasRomán había estudiado Derecho en la sede de la facultad ubicada en Ciudad del Este”.
Imputación contra Hernán Rivas se presentó tres veces
La fiscal adjunta Patricia Rivarola, encargada de la coordinación de todas las unidades penales del Ministerio Público, presentó el pasado 5 de julio la tercera imputación contra Hernán David Rivas Román, legislador colorado que responde al movimiento Honor Colorado de la ANR.
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La primera presentación de la imputación se hizo el 18 de enero de 2024, por la agente fiscal Patricia Sánchez. Esta fue admitida por el juez penal de garantías Miguel Palacios el 15 de febrero de 2024 y fijó como fecha de presentación el 19 de enero, fijando así fecha para requerimiento conclusivo el 19 de julio de 2024.
Sin embargo, esa providencia fue atacada por la defensa de Hernán Rivas y un Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió el 8 de marzo de este año revocarla y por ende, dispuso la devolución del documento a la Fiscalía para su corrección.
Cámara devolvió imputación en dos ocasiones
El 18 de marzo de 2024 la fiscala Daniela Benítez, ante el hecho de que su colega Patricia Sánchez fue recusada, ratificó la imputación. Esta fue la segunda presentación de la misma. El escrito fiscal fue admitido el 19 del marzo y se fijó, nuevamente, como fecha para conclusión de la etapa preparatoria el 19 de julio de 2024.
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La defensa de Rivas nuevamente volvió a incidentar contra la admisión de la imputación, y el 21 de junio un Tribunal de Apelación en Penal Segunda Sala de la Capital, José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, resolvió devolver la imputación a la Fiscalía.
Ante la resolución de la Cámara de Apelaciones el viernes 5 de julio de 2024, la fiscala adjunta Patricia Rivarola presentó la tercera imputación en contra del parlamentario cartista, por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autor.