La jueza de Garantías Alicia Pedrozo elevó a juicio oral la causa que afrontan los exdirectivos de Mocipar, el exdiputado colorado Dany Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Britos Ocampo de Román, Favio Britos Ocampos y María Espínola Durand; acusados de supuesta estafa y asociación criminal.
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Se trata de la tercera causa en la que el exdiputado colorado y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand afrontará juicio oral y público por el supuesto esquema de estafa con la firma Mocipar. En este caso la acusación, por parte del Ministerio Público, fue ratificada en audiencia preliminar por los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz, Silvio Alegre y Julio Paredes.
Durante la diligencia, las defensas plantearon incidentes de nulidad de la acusación y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de los ex directivos de Mocipar. Sin embargo, la magistrada hizo lugar al requerimiento conclusivo del Ministerio Públicos y también a las acusaciones presentadas por las querellas adhesivas, representadas por los abogados Gessy Ruiz Díaz y Secundino Méndez.
En la primera causa el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N° 6, presidido por el juez Ubaldo Matías Garcete Piris; fijó el juicio oral y público para el próximo lunes 6 de octubre, a las 8:00; mientras que en la segunda la causa, el pasado 21 de agosto el juez de Garantías Mirko Valinotti admitió la acusación y elevó a juicio oral y público el proceso por presunta estafa.
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Perjuicio de G. 665 millones a clientes de Mocipar
La presente causa penal inició con la denuncia presentada por 31 clientes del Grupo Mocipar, quienes señalaron que entre el 2006 e inicios del 2020 fueron víctimas del esquema de estafa que arrancó con el ofrecimiento para la adquisición de bienes como vehículos, inmuebles y electrodomésticos, a precios accesibles, en el programa “Domingo en Familia”, que era transmitido por televisión y estaba a cargo del propio Dany Durand.
Las acusaciones, tanto del Ministerio Público como las querellas adhesivas, detallan que los representantes de Mocipar se comprometieron a la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o construcción de las mismas y a suministrar electrodomésticos, sin embargo, luego de haber pagado durante años las cuotas y haber cumplido con lo establecido por los directivos de la empresa, los clientes no recibieron nada como contraprestación.
El perjuicio patrimonial que sufrieron las 31 víctimas del esquema de estafa presuntamente implementado por la firma Mocipar, es de G. 665.004.000, de acuerdo con los informes remitidos por la Sindicatura de Quiebras a la Fiscalía.
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Sobre el punto las acusaciones resaltan que los representantes de Mocipar, ahora acusados, no tenían la capacidad económica para cumplir con los compromisos asumidos, por no disponer de la cantidad de bienes comprometidos con los clientes, circunstancia que según los fiscales de la causa, se acredita con la gran cantidad de casos ingresados ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.