La Fiscalía imputó a Miguel Prieto ayer por los presuntos delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Su abogado, Guillermo Ferreiro, señaló que recibió el acta anoche y aún no pudo leer el detalle, pero que inicialmente puede detallar que guarda relación con desembolsos de más de G. 311 millones durante la pandemia de covid-19, en el 2020.
Señaló que Prieto ya tiene otras dos imputaciones, con requerimiento acusatorio. “Todas las imputaciones son por compras en pandemia, en periodos de emergencia, todas son por bienes consumibles”, manifestó.
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Agregó que la Fiscalía investigó sus obras civiles, pero no encontró irregularidades. En estas causas por las cuales fue imputado, señaló, se indagaron bienes perecederos, alimentos que ya se consumieron. “Solo se puede verificar los papeles”, indicó.
El abogado aseguró que lo que hizo la administración de Prieto fue entregar fondos a comisiones vecinales para asistencia alimentaria. “Hay que entender el contexto, se dieron en el contexto de la pandemia, donde había protestas en Ciudad del Este, donde la gente fue hasta a quemar camiones”, manifestó.
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El abogado señaló que el ahora exintendente optó por este mecanismo para que cada comisión vecinal reactive la economía de sus barrios, comprando de pequeños comercios. Indicó que no hicieron compras grandes desde la Municipalidad justamente para generar el impacto económico en medio de la crisis. “Porque la gente la estaba pasando muy mal”, planteó.
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Defensa afirma que no hay pruebas “suficientes”
Ferreiro agregó que la Fiscalía afirma haber encontrado inconsistencias en la rendición de cuentas que presentaron las comisiones vecinales a la Municipalidad. En ese sentido, aseguró que el Ministerio Público tendría que ir en contra de quienes presentaron la rendición, pero solo apuntan al administrador, “sin saber si participó o no del engaño”.
Señaló que las responsabilidades en derecho penal son personales y que “el engañado en principio no es responsable penalmente”. Indicó que puede ser una falta administrativa por no hacer los controles, pero no hay elementos suficientes para sostener una responsabilidad penal.
Subrayó que la Fiscalía tiene las planillas de las personas que recibieron los alimentos, pero no incluye en su imputación ninguna prueba de que ellas no hayan sido beneficiadas.
Agregó que es habitual que se entreguen fondos a las comisiones vecinales y que en muchas ciudades se hizo lo mismo durante la pandemia.
“El análisis que hacemos es que no es suficiente para emitir un acta de imputación”, declaró en ABC Cardina.
Finalmente, manifestó que se deben dividir las responsabilidades penales. “Lo que ocurre es que todos los mecanismos de compra tienen su sistema de control y tienen sus falencias, y tiene gente que está buscando, craneando cómo saltarse esos mecanismos de control para defraudar. Eso es lo que se tiene que investigar caso por caso”, finalizó.