Desde el lunes cinco vecinas del barrio Resistencia de la ciudad de San Ignacio, Misiones, decidieron encadenarse al portón de acceso del exmatadero municipal como una medida de protesta por el rechazo a la construcción de una planta de tratamiento de residuos cloacales que se quiere construir en el lugar.
El proyecto principal contempla la construcción de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de residuos y mejoramiento del sistema de agua potable, obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En ese sentido, una de las vecinas que tomó la medida de encadenarse, Nelly Molinas, remarcó que permanecerá de esa forma hasta encontrar una solución a esta problemática que vienen cuestionando desde hace varios meses y, además, mencionó que ella y otra vecina están embarazadas y, de igual manera, decidieron tomar esta decisión por el futuro de sus hijos.
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“Desde el lunes estoy acá encadenada acompañada por todos los vecinos del barrio Resistencia y diciendo no a la planta de tratamiento cloacal que se quiere instalar en nuestro barrio. En ese sentido aclaro que no estamos en contra del progreso ni del proyecto, solo que no queremos que se construya en el barrio esa planta de tratamiento”, explicó.
La misma señaló que el barrio es una zona con muchos habitantes los cuales serán muy afectados, ya que, de acuerdo a las averiguaciones que ellos realizaron, ya sea a través de profesionales o de personas que viven en ciudades que tienen este sistema, impacta en la población, en su calidad de vida por el funcionamiento de las plantas de tratamiento cloacales.
“Pedimos que nuestras autoridades lleven la construcción de la planta de tratamiento cloacal a otro sector. Nuestra ciudad es grande y existen muchos lugares donde no va a afectar a la población. Yo voy a seguir encadenada acá hasta que nos den una solución a esta problemática. Yo estoy embarazada de siete meses, al igual que otra vecina también embarazada, y cinco de la tercera edad”, agregó Molinas.
La construcción del alcantarillado sanitario es para el beneficio de la salud de esta comunidad de San Ignacio, según el objetivo de este proyecto. La obra demandaría una inversión de 14 millones de dólares, provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y el encargado de estos trabajos es el Consorcio Rovella - Tocsa.
Desde la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (Dapsan) del MOPC mencionaron que el cambio de localización de la planta de tratamiento de residuos es poco probable, ya que cuenta con el estudio y la licencia de impacto ambiental, así como con el presupuesto requerido para la construcción en esta zona, y si se realiza el cambio se tendrían que rehacer todas las documentaciones, lo que llevaría un tiempo considerable.
También señalaron que postergar la obra podría significar la pérdida del proyecto para la comunidad ignaciana, pero aseguran que no representará un riesgo para la salud de los pobladores y que se han previsto mecanismos para controlar los olores.