Las grabaciones serían claves para reconstruir los movimientos. De acuerdo con los investigadores, las grabaciones de ambos equipos serían elementos claves para reconstruir los movimientos de los involucrados y así determinar responsabilidades dentro del hecho.
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De la misma forma, se aguarda el resultado pericial del teléfono celular que perteneció a María Fernanda y el estudio de ADN que se le practicó al supuesto autor del crimen, con el fin de determinar si el mismo era el padre de la criatura que esperaba la víctima.
Al respecto, el juez Gustavo Ovelar manifestó que la fiscalía tiene un periodo de 20 días para la realización de los estudios periciales de los equipos electrónicos que fueron incautados en el marco de la investigación. Señaló que se está llegando a una etapa avanzada de la investigación y que la fiscalía ya estaría buscando la forma de cerrar la etapa investigativa.
El abogado querellante pide la pena máxima
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El abogado querellante, Dionisio Piñanez, dijo que la investigación ya cuenta con el informe criminológico del movimiento de los involucrados en el caso. También ya existe el pedido de anticipo jurisdiccional de pruebas para la reconstrucción del hecho. Añadió que la querella solicitará la pena máxima para los involucrados del hecho.
La reconstrucción del crimen, prevista inicialmente para mañana 5 de septiembre, fue postergada debido al posible asueto por la clasificación de la Selección Paraguaya al Mundial de Fútbol de la FIFA. El procedimiento quedó reagendado para el próximo 17 de septiembre, según lo resuelto por el Ministerio Público y el Juzgado.
Antecedentes del caso
El 31 de mayo pasado, en horas de la noche, fue encontrado el cuerpo calcinado de María Fernanda Benítez en un terreno baldío del barrio Villa del Maestro de Coronel Oviedo. La joven había desaparecido días antes, el martes 27 de mayo, y su hallazgo reveló que los restos estaban cubiertos con matorrales que fueron quemados en un intento de ocultar el crimen.
Cuatro personas están imputadas en el caso.
Hasta el momento son cuatro las personas imputadas: el adolescente de 17 años, principal sospechoso del crimen: Franco Antonio Acosta Céspedes (27), sindicado de proveer los fármacos para el aborto del bebé que esperaba María Fernanda Benítez, quien logró acceder a la prisión domiciliaria; el suegro del adolescente, en cuyo poder se encontró la motocicleta que se había utilizado para trasladar a la joven hasta la casa donde habría ocurrido el asesinato; y, por último, los padres del menor de edad, imputados por exposición al peligro del tránsito terrestre, dado que permitieron que el adolescente utilizara una motocicleta.