En la sesión plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hoy, el presidente César Diesel dio a conocer la contestación que remitirán a la Cámara de Diputados, referente a una petición realizada con relación al caso de la “mafia de los pagarés”.
“La Corte Suprema de Justicia carece de facultades para disponer de manera general o automática la suspensión de efectos jurídicos derivados de resoluciones judiciales o de medidas dictadas por jueces competentes”, dice la primera parte del dictamen elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CSJ, en respuesta a la declaración N° 987 de la Cámara de Diputados.
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A través de la mencionada declaración, aprobada el 27 de mayo pasado, Diputados instó a la Corte Suprema de Justicia, a suspender de forma temporal los descuentos a las víctimas de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés”.
El documento argumenta que la solicitud se realiza “ante a necesidad de adoptar medidas institucionales para acoger los mecanismos integrales, con el fin de proteger a miles de afectados por los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés”.
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Corte se excusa de intervenir en juicios de la “mafia de los pagarés”
“La Corte Suprema de Justicia no puede disponer una suspensión generalizada ni automática de los derivados de descuentos de pagarés, aun cuando existan sospechas de ilicitud en sus orígenes, sin la correspondiente intervención jurisdiccional dentro de los procesos específicos”, agrega la contestación.
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Asimismo, los ministros agregan que “las personas que se consideran afectadas por los efectos derivados de la ejecución de pagarés vinculados a hechos ilícitos cuentan con vías procesales para promover incidentes, medidas cautelares, nulidades o impugnaciones”.
Auditorías a juzgados de Paz y proyectos de ley en estudio
A su turno, la ministra María Carolina Llanes detalló las acciones realizadas por la Corte Suprema con relación a las irregularidades detectadas, tal como la auditoría de reacción inmediata en los siguientes juzgados de Paz de la capital: la Encarnación, la Catedral primer y segundo turnos, La Recoleta, Santísima Trinidad, primero, segundo y tercer turnos, Villa Morra y San Roque.
Idéntica determinación se adoptó con relación a los juzgados de Paz de Central -Villa Elisa, Lambaré, Luque, Itá, San Lorenzo, Ypacaraí, Areguá, Limpio, Capiatá, Julián Augusto Saldívar, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ypané y San Antonio-, en Cordillera, el de Isla Pucú y el de la circunscripción judicial de Caaguazú.
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“A la fecha se encuentran auditados 11.836 expedientes. Fueron instruidos sumarios a nueve magistrados, de los cuales tres se encuentran suspendidos sin goce de sueldo, 17 secretarios, de los cuales once se encuentran suspendidos sin goce de sueldo, 23 ujieres notificadores, de los cuales siete se encuentran suspendidos sin goce de sueldo, tres funcionarios administrativos auxiliares, 25 abogados, 139 oficiales de justicia, de los cuales 15 se encuentran suspendidos”, agregó Llanes, al referirse a algunas medidas adoptadas.
La ministra destacó además, que se encuentran en estudio un proyecto de ley que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República, cuya aprobación permitiría evitar varias de las irregularidades detectadas.
Asimismo, Llanes recordó que la Corte ya ha dado su parecer con relación a diversos proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros títulos de crédito, proyecto de ley que crea nuevos juzgados de Paz para la Circunscripción Judicial de la Capital, entre otros.