La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó al camarista Carlos Alfredo Escobar Espínola como integrante del Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes que tiene a su cargo el recurso planteado por la fiscal anticorrupción Belinda Bobadilla contra el sobreseimiento definitivo del ex gobernador de Presidente Hayes y actual diputado cartista Rubén Rousillón Blaires, de la causa penal por presunta complicidad en la lesión de confianza que causó un perjuicio de G. 853 millones a la Gobernación.
Específicamente, con los votos de los ministros María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera la Sala Penal del máximo tribunal resolvió hacer lugar a la impugnación planteada por la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes María Elena Meza Barboza contra la inhibición del camarista Carlos Escobar Espínola, y confirmaron a este último como integrante del tribunal de alzada. El ministro Alberto Martínez Simón votó, en minoría, por rechazar la impugnación y confirmar a la magistrada.
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En agosto pasado el camarista Escobar Espínola se apartó de entender en la presente causa penal, con el argumento que fue tutor de tesina de la Abg. Nancy Martínez, quien intervino como representante legal del exgobernador Rubén Rousillón Blaires.
Sin embargo, en su voto la ministra Carolina Llanes señala que la jueza interina María Elena Meza canceló la intervención de la Abg. Nancy Martínez como defensora del encausado; por lo tanto la causal de apartamiento señalada por el camarista Carlos Escobar, “a la fecha ya no existe”, según resalta el Auto Interlocutorio N° 586 del 10 de setiembre de 2025.
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Fiscalía pide anular sobreseimiento
La decisión de la Sala Penal allana el camino para que los camaristas María Elena Meza, Jazmín Ortiz y Carlos Escobar Espínola, miembros del Tribunal de Apelaciones Multifueros de Villa Hayes, puedan resolver la apelación planteada por la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla es contra el Auto Interlocutorio N° 167 del 22 de abril de 2024 por el que el juez de Paz de Benjamín Aceval, Roberto Ferreira, resolvió el sobreseimiento definitivo del diputado cartista Rubén Rousillón.
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De acuerdo a la acusación fiscal el ahora parlamentario colorado habría cobrado de forma irregular 41 cheques de la Gobernación, entre los años 2008 y 2013, durante la gestión del entonces gobernador Óscar “Ñoño” Núñez, condenado en un juicio oral a 11 años de cárcel por el desvío de G. 42.500 millones de la institución chaqueña.
Sin embargo, luego de la audiencia preliminar el juez Roberto Ferreira concluyó que la efectivización de los cheques de la Gobernación de Presidente Hayes “está justificada”, alegando que existe un contrato entre la institución departamental y la estación de servicios que pertenece a Roussillón, así como la presentación de facturas y boletas de remisión por provisión de combustibles a la Gobernación.
Sobre el punto Bobadilla señala que el contrato existente en el expediente judicial es entre la firma Copetrol y el surtidor del legislador, es decir no tiene vinculación alguna a la Gobernación de Presidente Hayes, como argumenta el juez de Paz chaqueño. Por lo tanto, la agente argumenta que es imposible afirmar que por la existencia de un contrato entre firmas completamente ajenas a la Gobernación, la institución departamental haya recibido la prestación que debiera darse como consecuencia de la efectivización de los 41 cheques por parte del legislador Rubén Roussillón.
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Pide nueva preliminar para diputado
Por otro lado el juez de Paz Roberto Ferreira alegó el sobreseimiento definitivo de Rousillón, indicando que la acusación fiscal “es nula” porque incluyó pruebas que el juez de Garantías Cristian González, quien en marzo de 2022 dictó el sobreseimiento provisional de Rousillón, no ordenó realizar.
Al respecto, la fiscala de Delitos Económicos resalta que la conclusión del juez Roberto Ferreira carece de toda lógica por no ajustarse a una interpretación sistemática de las normativas aplicables al caso, según parte del escrito de apelación.
“No es lógico sostener que todas las diligencias hechas por el Ministerio Públicos, antes de un sobreseimiento provisional, no serían válidas o no podrían incluirse en una acusación presentada luego del plazo en que el proceso permaneció en suspenso por la declaración de desvinculación provisional del encausado”, puntualizó la agente anticorrupción.
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Con estos argumentos la fiscala Bobadilla pide a la Cámara de Apelaciones que anule el sobreseimiento definitivo de Rousillón y envíe el expediente a otro juzgado para una nueva preliminar.
Cobro irregular de cheques, según acusación fiscal
La acusación fiscal presentada por el agente Luis Said y ratificada en la audiencia preliminar por la agente Belinda Bobadilla, señala que Rubén Roussillón intervino, entre los meses de febrero de 2010 y noviembre de 2011, en el proceso de efectivización de 42 cheques de las cuentas de la gobernación chaqueña, sin tener justificativos legales sobre eventuales prestaciones de servicios o provisión de bienes que el acusado haya realizado en favor de la institución, de acuerdo a la hipótesis ratificada al inicio de la preliminar por la agente Belinda Bobadilla.
Agregó que, si bien Rubén Roussillón no tenía ninguna asignación en carácter de funcionario de la institución departamental, en el periodo de 2008 a 2013, tenía un vínculo matrimonial con quien ejercía la función de secretaria de Administración y Finanzas; y, a través de esta conexión, se han dado las numerosas situaciones en la que él mismo ha extraído recursos económicos de la Gobernación de Presidente Hayes, sin haber prestado servicio o proveído bienes a esa institución.
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La fiscala anticorrupción resalta que, con su aporte, Roussillón habría ayudado a los responsables de la gestión administrativa Óscar Núñez y Nancy Núñez a causar daño al patrimonio de la citada institución en la suma de G. 853.540.786.
Dicho monto debía ser destinado para cubrir varias necesidades, considerando que se trata de un departamento con “carencias significativas”, puntualiza la acusación de la fiscalía.