En la sesión ordinaria de este miércoles, la Junta Municipal de Asunción aprobó por unanimidad un pedido de informe al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), respecto a los pagos que hizo Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) a tres acreedores de la firma Empo Ltda. y Asociados, por G. 16.870 millones. El pedido fue planteado por el concejal Álvaro Grau (PPQ), quien solicitó también que se convoque a los actuales directores de Asuntos Jurídicos y Administración y Finanzas para la próxima sesión.
En marzo de 2023, los representantes de Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domingues de Queiroz, realizaron cesiones de crédito ante escribanía, de los G. 16.870 millones que la Municipalidad de Asunción le debía desde 2021 por un arreglo extrajudicial al rescindir el contrato por la disposición final de residuos en Cateura.
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Empo cedió G. 5.153 millones a Platina SA, representada también por Ortuoste y cliente de Encina Pérez; G. 3.061 millones a Universo Créditos y Consumo SA, representada por Carlos Pampliega; y G. 8.655 millones a Agustín Encina Pérez, actual director de Contrataciones Públicas, por acuerdos extrajudiciales y honorarios profesionales.
En abril de 2023, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - HC), firmó la resolución 541, autorizando el pago de los G. 16.870 millones a Universo, Platina y Encina, quienes cobraron sus partes entre el 17 y 18 de mayo.
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Pagos fueron maniobra de Empo, denuncia concejal
El concejal Álvaro Grau calificó estos pagos como una “maniobra” de Empo, que fuera concesionaria del servicio de disposición final de residuos “para evitar ponerse al día con el fisco”, atendiendo a que tenía el RUC bloqueado.
“Cuando uno tiene el RUC bloqueado no se te pueden hacer los pagos y ni siquiera podés hacer una cesión de derechos. El bloqueo del pago por deuda a la SET (Subsecretaria de Estado de Tributación) es justamente un candado que tiene el Estado para que se le pueda cumplir con lo que se le debe”, reclamó.
Grau solicitó expresamente que la Intendencia informe quiénes autorizaron esos pagos, dónde están los dictámenes por los que fueron autorizados. Requirió además que se responda si la Municipalidad tenía o no conocimiento de que Empo tenía el RUC bloqueado o “si evadieron pedir el certificado de cumplimiento tributario de una manera sospechosa”.
Acreedores privilegiados, dice Grau
El concejal reclamó el trato preferencial que la gestión de Rodríguez tuvo con la firma Empo. “A cualquier comisión vecinal no le habilitan un solo guaraní si es que tiene una deuda en la SET (actual Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - DNIT), pero sin embargo a estos grandes acreedores de la Municipalidad alegremente le están pagando con multimillonarias deudas al fisco”, remarcó.
Grau recordó que ya en el año 2018, la firma Empo S.A. “había transferido su cesión a Empo Ltda. y Asociados, porque estaba bloqueada en la SET, por incumplimiento de pagos”. La maniobra para “limpiar” a Empo había sido aprobada en abril de 2018 por resolución 5.500/18 de la Junta Municipal.
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Recién en mayo de ese mismo año, luego de que ABC revelara que el certificado tributario de Empo Ltda. con fecha 20 de abril de ese año no coincidía con ningún certificado existente en el sistema de la SET, la Junta Municipal decidió suspender los pagos a esa empresa.
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Pese a esto, en octubre de ese mismo año, la Junta emitió una nueva resolución, la 7.326/15 por la que revocó la suspensión. La resolución contó con el voto de 14 concejales, entre ellos el exintendente -entonces concejal- Óscar “Nenecho Rodríguez.
Estos hechos motivaron una denuncia penal, promovida por la ciudadana Rose Marie González, por producción de documentos no auténticos y estafa contra los responsables de Empo Ltda., el entonces intendente Mario Ferreiro y los concejales. Tras un largo proceso, en noviembre de 2023, a pedido del Ministerio Público, el Juzgado Penal de Garantías dictó el sobreseimiento definitivo para todos los implicados.
Se pagó con dinero de bonos
El informe del interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, reportó que los pagos a los acreedores de Empo Ltda. se hicieron con dinero proveniente de los bonos G8. Toda la operativa para pagar los más de G. 16.000 millones, coinciden con época de campaña electoral.
Según Pereira, con “terribles prácticas ilegales” incluido el uso de una “cuenta única”, la administración de Rodríguez justificó el monumental desvío de G. 512.000 millones de bonos que debían ser para obras, pero que fueron usados en salarios y otros gastos corrientes, como el pago a los acreedores de Empo.
Del informe se desprenden elementos que apuntan a la utilización de recursos, materiales y humanos, de la comuna para apoyar la campaña electoral de la esposa del exintendente, Lizarella Valiente, quien en 2023 llegó por primera vez al Senado. Eso incluiría la refacción de su Puesto de Comando, el uso de vehículos municipales y gastos de propaganda, según denuncias que recibió el concejal Pablo Callizo (PPQ).
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En el informe también se señala también el despilfarro del dinero de los bonos a través de transferencias de “caja chica” a integrantes del entorno del exintendente, con un sospechoso aumento en coincidencia con épocas electorales.
Rodríguez presentó su renuncia al cargo el viernes 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor y ante la inminencia de su destitución, anunciada por su propio movimiento, el cartismo. “Nenecho” enfrente ahora, por lo menos 8 procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”. A su salida, Rodríguez presentó una burlesca declaración jurada con un incremento patrimonial de apenas G. 141 millones, en casi 4 años de gestión.