La Comisión de la Defensa Costera de Pilar y concejales municipales reclamaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la inmediata presentación del proyecto ejecutivo de la fase B de la defensa costera.
Según el proyecto, la fase B contempla la construcción de desagüe pluvial, alcantarillado sanitario, mejoras en el drenaje y accesibilidad en la zona urbana de Pilar, con un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.
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Denunciaron que, a siete meses del anuncio oficial, la ciudadanía sigue sin conocer los detalles técnicos de la obra. Adelantaron que se está organizando una movilización para este jueves a las 19:00 en la Plaza de los Héroes.
La convocatoria fue realizada en conferencia de prensa en la plaza Mariscal Francisco Solano López, donde participaron la presidenta de la comisión, profesora Manuela González; los concejales municipales Gerardo Valoriani (ANR), Maida Fernández (ANR) e Irma Rivas (PLRA); además de referentes barriales.
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Según Manuela González, ni el MOPC ni el Consorcio Sanitario Ñeembucú (integrado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A., bajo fiscalización de CIALPA S.A.) han entregado el diseño final al municipio.
“Estamos terminando septiembre y no tenemos el proyecto a mano, no contamos con el diseño de ingeniería. Es una obra tan grande, tan esperada y tan importante para todos los pilarenses, y no recibimos información clara”, expresó.
Agregó que han pasado diez meses desde la palada inicial y que “no hubo un avance sustancial” ni respuestas concretas a los reclamos ya canalizados a través de la Junta Municipal y el Ejecutivo local.
Por su parte, Francisco Martínez, presidente de la Cámara de Comercio de Pilar, manifestó su preocupación por la falta de transparencia.
“Hoy no sabemos ni entendemos por qué el hermetismo con que se maneja la empresa. Lo que pedimos es respeto a la ciudadanía y a las autoridades municipales”, afirmó.
El dirigente recordó que el contrato fue adjudicado en 2024 y que el consorcio ya retiró el 10 % del monto total, que asciende a USD 54,3 millones.
“Hasta ahora no tenemos un coordinador en la ciudad al que recurrir, como ocurrió en la fase A”, cuestionó.