Las acusaciones presentadas contra las juezas de Paz Carmen Analia Cibils Miñarro, de La Encarnación; y Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, de La Catedral 2° Turno; los exjueces de Paz Victor Nilo Rodríguez Acosta (La Recoleta) y Liliana Mabel González de Bristot (San Roque), y otras 57 personas, entre actuarios, ujieres notificadores, abogados y oficiales de Justicia; desnudan cómo funcionaba el esquema criminal del caso “mafia de los pagarés”.
En los cuatro escritos conclusivos presentados en la madrugada de este miércoles último, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero relatan las irregularidades detectadas en los expedientes tramitados en los mencionados juzgados de Paz, entre los años 2022 y 2024.
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Los agentes del Ministerio Público señalan que los jueces y los demás acusados “torcieron el derecho” con notificaciones pre elaboradas y presentadas en blogs por los representantes de las empresas demandantes, “super ujieres” que entregaban notificaciones “voladoras” y, además, informaban falsamente haber diligenciado las cédulas de notificación a deudores para que comparezcan estos a reconocer sus firmas.
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Justamente, como no recibían las citaciones, los deudores no podían elegir si se presentaban o no a los juzgados para reconocer sus firmas.
Sobre el punto, la fiscalía afirma que los jueces y ex jueces de Paz acusados “dictaron resoluciones judiciales a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho, dado que con el conocimiento de la falsedad de la realización de las notificaciones así como de las intimaciones de pago y embargos ejecutivos, manifestaban en sus resoluciones que los deudores fueron notificados y que éstos no comparecieron a reconocer sus firmas.”
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Fiscalía analizó 2.271 expedientes de la “mafia de los pagarés”
Las citadas irregularidades fueron constatadas tras someter a análisis los 2.271 expedientes que fueron incautados de los juzgados de La Recoleta, La Encarnación, La Catedral - Segundo Turno y San Roque, allanados en forma simultánea el 10 de febrero de 2025, por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, con la colaboración de otros fiscales más.
En el marco de esos procedimientos, según detallaron desde el Ministerio Público, se incautaron 647 expedientes judiciales de la sede del Juzgado de Paz del distrito de “La Recoleta”, que estaba a cargo del entonces magistrado Víctor Nilo Rodríguez Acosta.
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Del Juzgado de Paz de “La Encarnación”, a cargo entonces de la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro, la Fiscalía incautó el total de 721 expedientes judiciales; en tanto que del Juzgado de Paz de “La Catedral” Segundo Turno, a cargo en ese periodo de Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, se incautaron 119 expedientes judiciales.
Y del Juzgado de Paz del distrito de “San Roque”, que estaba a cargo de la magistrada Lilian Mabel González de Bristot, se incautaron en total 784 expedientes judiciales.
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El 35% de los expedientes con presuntas irregularidades
Mediante el análisis al cual fueron sometidos los 2.271 expedientes incautados de los Juzgados de Paz, se constató que en un total de 791 expedientes existía un patrón común en cuanto a “notificaciones simultáneas o voladoras” que posteriormente eran supuestamente realizadas por los ujieres judiciales.
En este contexto, se detalla que del Juzgado de Paz de La Recoleta se incautaron 647 expedientes relacionados a juicios ejecutivos y acciones preparatorias; de estos en 178 expedientes se identificaron patrones con “notificaciones simultáneas” y a su vez, en base a los expedientes tramitados, el entonces juez encargado, Víctor Rodríguez, dictó 167 resoluciones con presuntas irregularidades.
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Del juzgado a cargo de Lilian González de Bristot, se incautaron 784 expedientes judiciales, de entre los cuales la Fiscalía identificó 235 con notificaciones simultáneas o voladoras, y sobre este total, se habían dictado 172 resoluciones supuestamente irregulares.
Por otra parte, de La Encarnación mientras estaba a cargo de Analía Cibils, se incautaron 721 expedientes. De dicha cantidad, tras el análisis, los fiscales notaron que en 278 existía un modelo de actuaciones que se repetía, en relación a las notificaciones. En base a todos esos expedientes, la magistrada dictó en su momento 236 resoluciones judiciales.
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En tanto que, del juzgado de Paz de La Catedral Segundo Turno a cargo de Nathalia Garcete, fueron incautados 119 expedientes judiciales, de entre los que se identificaron 100 con el mismo patrón en cuanto a “notificaciones simultáneas” y, la magistrada en cuestión dictó un total de 100 resoluciones irregulares.
En cuanto a estas resoluciones dictadas por los magistrados acusados, llaman la atención que tenían números relativamente consecutivos de autos interlocutorios, además de tener la misma fecha de emisión, además de que fueron dictadas en base a informes sobre notificaciones simuladas.
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Teniendo en cuenta la cantidad total de expedientes incautados y analizados (2.271), se encontró que el 35% de ellos (791 expedientes) registran el mismo patrón de práctica con las “notificaciones simultáneas o voladoras”, es decir, casi 4 de cada 10 expediente se tramitó bajo esta modalidad.
Datos falsos como base de resoluciones
De acuerdo con lo señalado en las distintas acusaciones presentadas por los fiscales de la causa conocida como “mafia de los pagarés”, las resoluciones dictadas por los magistrados encausados se basan en datos que no condecían con la realidad,
Así, se cita un caso con una de esas cuestiones llamativas que, a pesar de que el o la ujier del Juzgado de Paz no haya practicado la notificación, pese a que existió el documento para ello, el o la magistrada terminó “resolviendo declarar la rebeldía por falta de contestación de las demandas”.
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Otro caso refiere que, teniendo en cuenta datos falsos expresados en el informe del ujier notificador, el magistrado resolvió “tener por acusada la rebeldía de la parte demandada por no haber contestado en tiempo y forma el traslado de la demanda, y decretar embargo preventivo”.
Además, se observaron casos en los que los ujieres no practicaron las notificaciones y a pesar de ello informaron al magistrado del juzgado, resolvió “hacer efectivo el apercibimiento y tener por iniciado el juicio ejecutivo”.
En otros casos también se menciona -según las acusaciones que- el ujier notificador elevó su informe al juzgado sobre “el efectivo diligenciamiento de las notificaciones y la no comparecencia de los deudores a la audiencia señalada, sabiendo que ello era falso” y en otros, que aún “sabiendo que no se habían notificado las cédulas de citación a las audiencias a los deudores, con la intención de beneficiar a la parte actora”, el juez resolvió torciendo el derecho.