Tras la denuncia de represión policial contra manifestantes de la Generación Z, realizada por los aprehendidos y sus familiares, la Defensoría Pública se encuentra ausente y alega que los mismos cuentan con abogados particulares. El diputado Mauricio Espínola, en su carácter de miembro de la comisión de Derecho Humanos de la Cámara Baja, llegó hasta la Agrupación Especializada en la mañana de este lunes.
“Al llegar acá me comuniqué con el Defensor del Pueblo porque existía indicios de violación de derechos humanos, le solicité que se apersonara para tomar posibles acciones de ser necesarias o medidas de protección a quienes están privados de su libertad”, indicó.
Agregó que la Fiscalía se encuentra tomando declaraciones, que los aprehendidos están acompañados de sus abogados.
“Lamento mucho que el Defensor Público me haya chuleado, de cierta manera, o pateado para adelante. Él tenía que estar en este lugar, protegiendo los derechos de las personas que están privadas de su libertad. Este es su trabajo, él debería estar en este lugar”, enfatizó.
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La respuesta de la Defensoría Pública
El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, explicó que se presentaron ayer en la Comandancia de la Policía Nacional y verificaron que la abogada Raquel Talavera se hizo cargo de la representación de los aprehendidos. “Nosotros no tenemos acción judicial”, dijo.
“Nosotros íbamos a trabajar con el Ministerio de la Defensa Pública para poder asistirle a las personas, pero nos dijo que ya tenían el poder, que a medida que vayan llegando tomarían la representación de ellos para trabajar en su defensa”, explicó.
Agregó que se volvió a desactivar la convocatoria, pero que se encuentran a disposición de las personas que necesiten.
“A la tarde yo voy a ir a de vuelta hacia allá sin problema y vemos para trabajar en esto.”, expresó.
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También le manifestaron que el Mecanismo Contra la Tortura ya estaba trabajando en el caso, además de los abogados particulares.
Por su parte, Lucina Corvalán, defensora penal de turno, explicó que como defensora pública en lo penal solamente puede actuar cuando piden su presencia.
“Recién estuve hablando con el fiscal Hernán Galeano, donde están todos los 31 aprehendidos y me comunicó que todos cuentan con abogados particulares. Entonces, no están requiriendo a mi presencia para defenderle”, indicó.
Refirió que si existe una denuncia de tortura, eso le tienen que comunicar a sus abogados particulares (en este caso) y ellos son los que tienen que denunciar.
“Ahí está el mecanismo de tortura de la del Ministerio de la Defensa Pública, también hay un departamento de mecanismo de tortura de la Fiscalía y ahí se debe realizar las denuncias respectivas. Si es que yo era abogada defensora de uno de los muchachos que refiere ser torturados, ahí yo estoy obligada a hacer una denuncia”, manifestó.
También señaló que es el fiscal de turno el que llama al defensor público de turno para su comparecencia en la sede de la Fiscalía, donde se toman las indagatorias.