Los fiscales acusadores del caso conocido como “mafia de los pagarés”, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, señalan en su requerimiento conclusivo que los procesados -pertenecientes al Juzgado de Paz de La Recoleta que estaba a cargo del acusado Víctor Nilo Rodríguez Acosta- “se han valido del sistema judicial a los fines de entablar juicios y hacerlos avanzar, sin que los deudores demandados tuviera conocimiento de dichas demandas”.
En ese sentido, agregaron que el juez, entonces Víctor Nilo Rodríguez Acosta, “tenía conocimiento de todo” y detallan textualmente en la acusación, que el mismo “se encontraba motivado por el cobro de sumas de dinero que la ujier notificadora Ingrid Prette Gondenberg, con quien mantenía una relación cercana, le entregaba”.
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Sobre la primera porción atribuida al magistrado, tanto el ujier Fernando Cáceres González, acusado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato; como las actuarias, Gloria Morínigo Gill y Rosa del Pilar Lezcano Correa, acusadas además por el uso documentos públicos de contenido falso, coincidieron al declarar que eran vigilados a través de las cámaras por Rodríguez.
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Mientras que, sobre la segunda parte del relato fiscal, la relación entre el ex juez Víctor Rodríguez y la ujier notificadora Ingrid Prette, se evidencia a través de documentos y que esta funcionaria era asignada a la mayoría de las notificaciones a realizarse en el marco de los juicios ejecutivos y ordinarios.
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Juez instaló cámaras “sobre” sus funcionarios
El procesado Fernándo Cáceres, se desempeñó como ujier desde el año 2000 hasta su renuncia. En su declaración indagatoria expuso “otra de las disposiciones significativas que adoptó el juez es la instalación de cámaras de circuitos cerrados, en total 16 (...) las cámaras estaban instaladas encima de nuestro escritorio, (...) tenía hasta micrófono (...)”.
Añadió que el juez se valía de las cámaras por “si se encontraba algún profesional en particular en la oficina, llamaba por teléfono y daba instrucciones como ‘hacele pasar’, o ‘que me espere ya llego’, lo que te daba pauta que estaba controlando todo el tiempo lo que hacíamos de manera remota”.
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Por su parte, la actuaria judicial Rosa Lezcano reveló que el magistrado “tenía un monitor grande en su despacho y también podía manejar desde su celular, él nos dirigía, nos sorprendía porque a veces nos daba ya las respuestas antes de contarle lo que pasaba en el juzgado, nos decía atiendan al abogado fulano que está ahí, vayan a atenderle (...)”.
Así también Lezcano refirió que Rodríguez “presionaba que firmemos rápido los expedientes que salían del despacho, nos decía siempre que ‘si está su firma debíamos firmar nomás’, que las resoluciones eran exclusiva responsabilidad de él, nos decía ‘no hagan problemas’, que nosotros refrendábamos nomás su firma”.
A fin de someter a sus normas, el juez Víctor Rodríguez “nos mandó a pegar por la pared, frente nuestro, una hoja donde tenía descritas nuestras funciones, remarcado con resaltador, y que decía ‘dar debido cumplimiento a las órdenes expedidas por el juez’”.
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Funcionarios revelaron trato de juez con abogados
Los agentes del Ministerio Público mencionan que “el juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez, tuvo la colaboración activa de los abogados demandantes representantes de las empresas de cobranzas, así como los ujieres notificadores, actuarios y oficiales de justicia, cada uno, desde el lugar que les correspondía cumplir con sus roles”.
De hecho esa postura de los investigadores se sostiene en la declaración de los funcionarios judiciales. El ujier Fernando Cáceres, detalló a los fiscales cuál era la forma de trabajo en el juzgado y en ese sentido narró que los abogados tenían trato directo con el juez.
“Los abogados de dichas firmas solían traer un promedio de 50 o hasta 300 expedientes, los cuales no se daban ingreso por el canal correspondiente, sino directo el ingreso era con el mismo juez”, manifestó ante el ente acusador.
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La actuaria Gloria Morínigo, por ejemplo, expuso que los abogados “traían proyectos ya hechos, siempre controlaba el juez igual y a veces mandaba cambiar también, pero en todos los casos yo firmaba nomás, no preparaba ni providencias ni resoluciones”.
La funcionaria Lady Patricia Cowan, por su parte, había declarado sobre los expedientes, que “los abogados dejaban depositados, hacíamos constancia de fecha y hora, con sobre, se cerraba, con constancia en el cuaderno, con todos los datos. Las actuarias tenían un cajón donde guardaban sus originales y después retiraban, y al momento del retiro se dejaba constancia también en el cuaderno. Para las empresas grandes no tengo idea. Mayormente quienes hacían este proceso eran los que tenían menos expedientes”.
Ujier fue recriminado por no acceder a trato
Cáceres también había detallado una situación que tuvo con un gestor de la firma NEXO SA. “En una ocasión, me tomé con un gestor de la firma NEXO SA, quien dice que trabajaba con el abogado Drelichman, éste había propuesto pagarme por las notificaciones bajo la condición de entregarle los informes en 3 a 4 días, o dentro de una semana a más tardar”.
“El monto ofrecido no cubría el costo de cobertura de gastos que debía notificar. Es decir, quería pagarme 15 mil guaraníes por cada expediente, a partir de la cantidad de 100 expedientes, y no los 25 mill guaraníes que se debía abonar en Asunción; no acepté y se fueron a iniciar sus expedientes en otros juzgados”.
“El gestor me quiso convencer diciéndome que el recorte era para poder darle al juez lo que le correspondía, no sé cómo era el arreglo que ellos querían establecer, me negué a aceptar trabajar bajo esas condiciones, y recuerdo que fui llamado la atención por el juez, diciéndome que no quería luego ganar plata, que debía aceptar nomás, que los abogados me traerían todo hecho, y yo sólo tenía que informar”.
Ujier acusada era beneficiada por magistrado
El ujier Fernando Cáceres reveló que el juez Rodríguez, “en su carácter de jefe no respetaba el orden de turno de cada ujier, pues el mismo digitaba quien de los ujieres iba a notificar tal o cual grupo”. Posteriormente añadió en su indagatoria que “el 70 u 80% de todas las notificaciones de juicios ejecutivos eran entregadas a Ingrid (Prette), entre ellas CARSA, Sistemas y Gestiones, Cofin, etc.”.
Añadió que las notificaciones voladoras en su mayoría, supuestamente practicadas por la ujier Ingrid Prette eran de CARSA y SATEC, pertenecientes a los entre “50 o hasta 300 expedientes” que los abogados dejaban en el juzgado.
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Cáceres recordó también, en medio de su relato, que “le hice un reclamo al juez, sobre porqué yo notificaba muy poco los juicios ejecutivos que ingresaban, a lo que me pidió que buscara yo mismo nuevas carteras de juicios a ingresar, que lo demás supuestamente Ingrid conseguía, pero no era cierto”.
La funcionaria Lady Cowan, durante su deposición detalló que el juez tenía un secretario privado de nombre Samuel Gregorio Salcedo Fernández, “era el que tenía trato con todos los abogados, se quedaban hasta la tarde, no tendría conocimiento de como se hacían los informes o las resoluciones, todo eso se manejaban dentro del despacho del juez, pero todo venia en caja”.
Cowan también expuso que la otra persona que hacían oficina dentro del despacho del magistrado Víctor Nilo Rodríguez, era precisamente Ingrid Prette, cuyo departamento se utilizaba para guardar los libros de ingresos de expedientes, los cuales eran llevados en cajas.
Sobre esta última porción, la fiscalía había allanado el domicilio de Prette e incautado el circuito cerrado del edificio. En las imágenes “se visualizan a Samuel Salcedo e Iván Galeano (funcionario de CARSA), retirando cajas del domicilio particular de la ujier”.
Vida de alto nivel y agenda dorada
En el escrito acusatorio de la Fiscalía se hace mención al allanamiento realizado el 27 de enero de 2025, en el domicilio de la ujier Ingrid Prette. Del sitio, se incautaron notificaciones e informes sin fecha, que estaban escondidas debajo de la parrilla, envueltas en una alfombra, de juicios tramitados en el juzgado de paz de La Recoleta. Los documentos completaban en total 822 fojas, En estos en las que se podían observar los informes de notificación ya preelaborados.
También se encontró un ejemplar original del contrato de locación celebrado entre la Luisa Isabel Schaerer de Pallares, como locadora e Ingrid Prette, como locataria. En tanto que, el juez Víctor Rodriguez, también figuraba, pero como garante. El contrato se celebró el 20 de diciembre de 2019.
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El elemento más llamativo detectad por la Fiscalía y que fue incautado, es una “agenda dorada”. En esta se observaron inscripciones con montos asignados, como: “47.400.750+4.630.000- mi deuda con Vict.= 52.030.750 p/ Vict.”, “Mayo 13.870.000 10/05 CARSA, 31.300.000 CARSA 12/05, 7.820.000 CARSA 22/05”, “Junio Alquiler 5.500.000, Victor 2.481.000+3.500.000”, “Octubre 30.270.000 (30/09), 326.365.000 (18) (...) CARSA”, “Noviembre 326.000.000 (...) CARSA”, “Mayo (...) Victor 10.000.000”.
Además de figurar en la agenda y en el contrato de alquiler, el juez Víctor Rodríguez, también apareció en carácter de deudor solidario de Ingrid Prete, en un contrato de compra-venta entre Condor SACI y Prette, por una camioneta Mercedes Benz GLA 200D, modelo 2023, según consta en una escritura pública fechada el 7 de diciembre de 2023.
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El vehículo, conforme se cita en la acusación tenía un precio de venta de US$ 61.700, de los cuales la ujier Ingrid Prette entregó la suma de US$ 12.340 en efectivo y en el acto, acordando el pago del saldo en 48 cuotas mensuales, siendo la primera cuota por el monto de US$ 1.044 y las demás 47 cuotas por US$ 1.028.