Los jueces de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia programaron las audiencias preliminares para los más de 60 acusados en el caso “mafia de los pagarés”, por supuesto prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
La primera convocatoria es para el próximo lunes 13 de octubre, entre las 11 y las 11:30, a los abogados Carlos Neffa y José Ignacio Olmedo, acusados en relación con los hechos que se habrían cometido en el Juzgado de Paz de La Catedral 2° Turno. Dicha causa está a cargo del juez de Garantías Humberto Otazú.
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Para el martes 28 y jueves 30 de octubre, a las 8:15, están convocados los acusados en la causa “Liliana González de Bristot y otros sobre prevaricato y otros”, en la que están acusados la jueza de Paz, el actuario, ujieres notificadores y oficiales de Justicia del Juzgado de Paz de San Roque, y también está a cargo de Otazú.
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Los acusados por los hechos relacionados al Juzgado de Paz de La Catedral 2° Turno, encabezados por la jueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, están convocados para el miércoles 29 y viernes 31 de octubre, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar y analizar el pedido de juicio oral que hicieron los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero.
Otras fechas para preliminar por “mafia de los pagarés”
Por su parte el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia convocó a la jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro y otros acusados por los hechos presuntamente ocurridos en el Juzgado de Paz de La Encarnación, para los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, a las 8:00, a fin de sustanciar la audiencia preliminar de la causa.
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La diligencia para los acusados en dicho juzgado de Paz se extenderá hasta los primeros días del mes de diciembre, según lo programado por el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
Además, Estigarribia calendarizó la audiencia preliminar del ex juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez, del Juzgado de Paz de La Recoleta, para el viernes 14 y lunes 17 de noviembre, a las 8:00, a fin de resolver si los acusados por el esquema de la “mafia de los pagarés” van a juicio oral.
En esas mismas fechas deberán presentarse también los acusados Gloria Morinigo, Ingrid Prette, Patricia Parodi, Fernando Cáceres, Rosa Lezcano y Hugo Lafuente; mientras que los acusados Sebastián Porcio, Silvia Miranda, Blas Rodríguez y Luis Benítez están citados para el martes 9 y miércoles 10 de diciembre, desde las 8:00.
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Esquema de la “mafia de los pagarés”
La acusación fiscal detalla que entre los años 2022 y 2024, las empresas de cobranzas, a través de sus representantes legales, promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.
El Ministerio Público agrega que en los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres notificadores debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés; así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia.
Más adelante, dentro del juicio ejecutivo propiamente, debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones; y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado; sin embargo, estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no eran diligenciadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos.
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Jueces de Paz “torcieron el derecho”
Según el esquema que revela la acusación fiscal, dentro del proceso ejecutivo las intimaciones de pago y embargos ejecutivos eran también informados falsamente como realizados por los oficiales de justicia, consignando en muchos casos la misma fecha (e incluso hora) en lugares distantes unos de otros en los diversos expedientes pertenecientes a la misma empresa de cobranzas demandante por quienes habían sido contratados.
De esta forma, los jueces y ex jueces de Paz acusados “dictaron resoluciones judiciales a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho, dado que con el conocimiento de la falsedad de la realización de las notificaciones así como de las intimaciones de pago y embargos ejecutivos.”
Añade el Ministerio Público que los magistrados manifestaban en sus resoluciones que los deudores fueron notificados y que éstos no comparecieron a reconocer sus firmas, lo que le permitía a la misma aplicar la ficción legal de tener por reconocidas las firmas obrantes en los pagarés y ordenar que pasaran los trámites a la etapa de juicio ejecutivo; y dentro de los juicios ejecutivos, nuevamente avanzar el mismo sabiendo que los deudores no habían sido notificados de los distintos actos procesales y que la intimación de pago y embargo ejecutivo no habían sido practicados.
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Seguidamente, los abogados peticionaban la orden de embargo ejecutivo y los oficiales de justicia consignaban igualmente como diligenciados las intimaciones de pago y mandamientos de embargo, lo cual era solo en apariencia, de acuerdo con lo resaltado por la acusación del Ministerio Público.
Dentro de estos juicios ejecutivos se observa igualmente el dictamiento de resoluciones judiciales en el marco de un juicio plagado de actos inexistentes, con el conocimiento de todos los involucrados, que derivaban en resoluciones judiciales violatorias de las normas procesales.