Con el voto en mayoría de los camaristas María Elena Meza y Carlos Alfredo Escobar el Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes anuló el sobreseimiento definitivo del ex gobernador y actual diputado colorado Rubén Rousillón; del proceso por supuesta complicidad en el hecho de lesión de confianza que causó un perjuicio de G. 853 millones a la Gobernación.
Específicamente, el tribunal de alzada hizo lugar a la apelación de la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla, y anuló el Auto Interlocutorio N° 167 del 22 de abril de 2024, dictado por el juez de Paz de Benjamín Aceval (Chaco) Roberto Carlos Ferreira, quien en la preliminar valoró varias pruebas presentadas por la defensa de Rousillón Blaires, y concluyó que los cheques expedidos por la Gobernación de Presidente Hayes están justificados.
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En minoría el camarista Gregorio Ignacio León votó por ratificar el sobreseimiento definitivo del exgobernador colorado, argumentando que la norma no establece que el juez de Garantías no puede valorar, estudiar o analizar pruebas en la etapa intermedia. “Lo único que dice la ley es que cuidará de no tomar atribuciones propias del tribunal de sentencia”, resaltó el magistrado en parte de su argumentación.
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Con esta decisión del Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes, ahora se deberá sortear un nuevo juzgado para que se lleve a cabo una nueva audiencia preliminar y resolver si el diputado cartista va a juicio oral por los presuntos hechos de corrupción, así como pide el Ministerio Público.
Juez valoró pruebas a favor de diputado cartista
La camarista María Elena Meza (preopinante) señala en su voto que el juez de Paz Roberto Ferreira violó la normativa prevista en el Art. 353 del Código Procesal Penal, ya que se extralimitó en sus atribuciones, valorando pruebas que deben ser analizadas y debatidas con mayor amplitud en la etapa de juicio oral y público, no en audiencia preliminar.
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Resalta además que en la acusación planteada por el fiscal Luis Said obran pedidos de informes solicitados a fin de recabar instrumentales y documentales que acrediten fehacientemente la relación que posee el acusado Rubén Rousillón con la estación de servicios, sobre la cantidad de cheques y montos de los mismos, coincidiendo con lo ordenado por el juez de Garantías Crhistian González.
“También es oportuno recalcar que la agente fiscal Belinda Bobadilla ha deducido incidentes, los cuales fueron rechazados por el juez sin argumentos algunos para admitirlos o rechazarlos”, puntualiza la camarista María Elena Meza en otra parte del Auto Interlocutorio N° 223 dictado el pasado viernes 26 de setiembre del corriente año.
A su vez el camarista Carlos Alfredo Escobar se adhirió al voto de su colega, ratificando que la decisión del juez de Paz Roberto Ferreira “no cumple con los presupuestos exigidos en la normativa procesal penal, específicamente el Art. 165 del C.P.P.
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Recordemos que el juez Ferreira dejó la magistratura en medio de un escándalo derivado de su presunta responsabilidad en un esquema d estafa con la venta de vehículos de la playa Mathias Automotores.
La investigación de las denuncias de estafa estuvo a cargo de la fiscala Yrides Ávila ,quien allanó la sede judicial a cargo de Ferreira en noviembre del año pasado. El 13 de febrero pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició a Ferreira, quiien posteriormente presentó renuncia, la cual que aceptada por la Corte Suprema de Justicia el 26 de febrero pasado.
Cobro irregular de cheques, según acusación fiscal
La acusación fiscal presentada por el agente Luis Said y ratificada en la audiencia preliminar por la agente Belinda Bobadilla, señala que Rubén Roussillón intervino, entre los meses de febrero de 2010 y noviembre de 2011, en el proceso de efectivización de 42 cheques de las cuentas de la gobernación chaqueña, sin tener justificativos legales sobre eventuales prestaciones de servicios o provisión de bienes que el acusado haya realizado en favor de la institución.
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Si bien Rubén Roussillón no tenía ninguna asignación en carácter de funcionario de la institución departamental, en el periodo de 2008 a 2013, tenía un vínculo matrimonial con quien ejercía la función de secretaria de Administración y Finanzas; y, a través de esta conexión, se han dado las numerosas situaciones en la que él mismo ha extraído recursos económicos de la Gobernación de Presidente Hayes, sin haber prestado servicio o proveído bienes a esa institución, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público.
La fiscala anticorrupción Belinda Bobadilla resaltó en la audiencia preliminar que, con su aporte, Roussillón habría ayudado a los responsables de la gestión administrativa Óscar Núñez y Nancy Núñez a causar daño al patrimonio de la citada institución en la suma de G. 853.540.786.
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Dicho monto debía ser destinado para cubrir varias necesidades, considerando que se trata de un departamento con “carencias significativas”, puntualiza la acusación de la fiscalía que con esta resolución de la Cámara de Apelaciones deberá ser analizada nuevamente en una audiencia preliminar, a cargo de otro juzgado.